El 1º de mayo de 2021, el fiscal asignado por la ANC admitió públicamente que las muertes del concejal Fernando Albán, del capitán Rafael Acosta Arévalo y del estudiante Juan Pablo Pernalete ocurrieron a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y envió un informe con nombres de los imputados y detalles de las investigaciones hechas por su despacho a la Corte Penal Internacional. ¿Puede este cambio de narrativa evitar que la CPI avance en el examen preliminar sobre esos casos y, por ende, pueden los responsables evadir la justicia internacional?
Este tema lo analizó Andrea Santacruz, directora ejecutiva del Centro de DDHH de la Unimet, en un foro chat realizado el 27 de Mayo de 2021 del cual compartimos su presentación y algunas de las preguntas de los participantes con las respuestas de la invitada.
¿Puede la admisión de delitos que implican violaciones a los derechos humanos por parte del Estado evitar que la CPI avance en el examen preliminar sobre Venezuela?
¿Es suficiente admitir la responsabilidad, cambiar las calificaciones de los delitos y las imputaciones anunciadas en los casos Pernalete, Albán y Acosta Arévalo para garantizar justicia?
¿Qué otros cambios se están haciendo para intentar demostrar que Venezuela colabora con las investigaciones de la CPI y que en el país se juzgan las violaciones a los derechos humanos?
¿Es posible que la Corte Penal Internacional actúe con “falta de transparencia” y los expedientes estén engrosados con contenido proveniente de campañas en redes?
¿Cuáles son las acciones a seguir por quienes han presentado casos de violaciones a los DDHH ante instancias internacionales frente a los cambios de versión asumidos por el Estado venezolano?
Compartimos preguntas de los participantes con sus respectivas respuestas.
Recientemente fue sentenciado el policía que disparó contra el joven César Pereira en una protesta en Anzoátegui ¿Es suficiente esa sentencia teniendo en cuenta que sobre ese funcionario hubo una cadena de mando?
Existe todo lo necesario para exponer los crímenes cometidos ante la CPI, pero ¿será llevado a cabo cuando este es gobierno que no le presta atención a nada?
¿Existe la posibilidad que los representantes de la CPI visiten Venezuela? ¿Y de ser así se reunirían con representantes del gobierno y no con la sociedad civil y las victimas?
Causa preocupación la impunidad para los casos de ejecuciones extrajudiciales sin repuestas la negación de los expediente y la burla el retardo procesal
¿Es una condición necesaria que los casos agoten la instancia interna; es decir, que exista una sentencia firme de un tribunal de la República para ser considerado en una investigación de la CPI?
