Una sentencia colectiva. Es lo que ofrece el Estado venezolano en el caso del asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete ocurrida en medio de las protestas antigubernamentales de 2017. Un ofrecimiento de justicia que llega cuatro años después de la muerte y de negar que ésta haya ocurrido por responsabilidad de algún efectivo militar en el contexto de la represión de las manifestaciones. Ahora, desde el 1º de mayo de 2021, el Estado venezolano admite que la Guardia Nacional Bolivariana dio muerte al joven de 20 años al dispararle una bomba lacrimógena directo al pecho. Por el hecho, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que han sido imputados 12 efectivos de ese componente castrense. Pero los padres de la víctima no están dispuestos a aceptar el calificativo de “homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”.
“En su debido momento hubo un pronunciamiento por parte de la fiscal anterior, ella dio a conocer con pruebas irrefutables de acuerdo con los exámenes practicados por la unidad encargada para procesar eso que fue un guardia nacional el que le disparó a corta distancia a Juan Pablo directamente a su pecho, ocasionándole la muerte, y la fiscal dijo que en pocos días iba a dar con las personas que cometieron ese hecho. Posteriormente, cuando este señor (Tarek William Saab) entra a tomar las riendas del Ministerio Público declara que hubo manipulaciones en las investigaciones que se realizaron en su debido momento y que para determinar la verdad iba a retomar el caso, como si el caso hubiese estado cerrado. Pero pasó todo este tiempo, y cuatro años después sale dando un comunicado oficial en el que reconoce que fue un guardia nacional quien asesinó a Juan Pablo y no solamente eso, sino que emite una calificación del delito de homicidio preintencional en grado de responsabilidad correspectiva por el que imputa a 12 guardias nacionales. Por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con esa calificación que ahora le pretenden dar al asesinato de Juan Pablo porque eso va a beneficiar aún más a los asesinos, no va a dar con un culpable porque habla de que fue asesinado por un grupo en un tumulto para no querer identificar al guardia nacional que asesinó a nuestro hijo”, argumenta José Gregorio Pernalete.
Elvira y José Gregorio Pernalete no están asombrados con el pronunciamiento del fiscal general. Se trata de unos padres que durante cuatro años han acudido cada semana a la Fiscalía para averiguar cómo va el caso, y por su constante presencia en esa instancia ya conocían el cambio de versión que preparaba el Estado y los delitos que les serían imputados a nueve guardias, la única sorpresa para ellos fue saber que diluirían la responsabilidad en tres más que no aparecían en el expediente. Pero lo que sí les sorprendió y decepcionó fue la respuesta al preguntar por los imputados: “Lo que sí sabemos, porque lo preguntamos, es que ninguno de los imputados está privado de libertad. Eso nos respondieron en la Fiscalía 62° del Ministerio Público que lleva el caso. Ninguno está privado de libertad, están completamente en libertad”, enfatiza Elvira de Pernalete.
La Fiscalía 62º nacional lleva el caso del asesinato de Juan Pablo Pernalete, en 14 ocasiones han cambiado de fiscal. “Todas las veces hemos sido revictimizados, las 14 veces el fiscal ha vuelto a iniciar el proceso”, señala la madre. Desde 2018 los padres de la víctima solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito para ocho funcionarios del régimen de Maduro, quienes habrían incurrido en los delitos de obstrucción a la justicia, tratos crueles, usurpación de funciones, instigación al odio y abuso de la credulidad popular. Los funcionarios demandados son Vladimir Padrino López, Antonio Benavides Torres, Fabio Zavarse Pabón, Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Ernesto Villegas, Delcy Rodríguez y María Alexandra Díaz. Además acudieron a la Fiscalía 49º para interponer una denuncia contra medios del Estado (específicamente contra los conductores del canal Venezolana de Televisión VTV: Ricardo González, Pedro Carvajalino y Llanfrancis Colina; así como contra el director del periódico oficialista Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel) por la revictimización, injuria –al presentarlo como terrorista– y tergiversación de los hechos. Por esta denuncia han sido sometidos a evaluaciones psicológicas forenses y les han cambiado ocho veces de fiscal. “En una ocasión, una de las fiscales se atrevió a emitir un juicio de opinión sin haber citado a la otra parte al decir que esos medios estatales que llamaron terrorista a Juan Pablo habían ejercido su libertad de expresión. Denunciamos eso y en respuesta movieron el caso para la Fiscalía 80º, pero no ha avanzado”. El pronunciamiento de Tarek Willam Saab admitiendo que el estudiante murió por efecto de una bomba lacrimógena disparada por un GNB será aprovechado por los padres para solicitar una revisión de esa denuncia y solicitar a la Fiscalía que agilice el caso.
Los Pernalete coinciden con defensores y organizaciones de derechos humanos que se pronunciaron tras el pronunciamiento del fiscal general en torno a la muerte del joven de 20 años, así como del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo, pues de todas cambió abruptamente la versión oficial de los hechos después de años de ocurridas y de haber revictimizado a cada una de estas personas muertas por responsabilidad de funcionarios de cuerpos de seguridad de Estado. “Ellos pretenden seguir manipulando la muerte de Juan Pablo, no nos quieren dar justicia verdadera. Esto no es más que un intento por lavarse la cara delante del mundo queriendo decir que están impartiendo justicia en un caso emblemático como fue el asesinato de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete. Realmente es eso, no darnos justicia sus padres pasados cuatro años”, dice indignado el señor José Gregorio.
Por ello, su esposa Elvira Pernalete aspira que un proceso judicial transparente y justo no solo identifique al guardia nacional que disparó contra su hijo y lo condene por el crimen, sino que se garanticen otras compensaciones que prevé la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos como lo son la reparación y la no repetición de los hechos: “Pedimos una reparación moral, nuestro hijo fue tildado de delincuente, criminal, terrorista, cuando era un joven brillante no solamente que lo he dicho yo y su papá, sino que su historia habla por sí mismo. Reparación moral a cada uno de esos jóvenes muertos en las protestas que tenían una historia que contar, una familia, un futuro. Primero que todo la reparación moral, que se limpie el nombre de todos estos jóvenes, después ya vendrán las otras reparaciones que como venezolanos merecemos”.
Sin embargo, las esperanzas de que esto sea posible en Venezuela no son muchas para los padres de Juan Pablo Pernalete vistos los cuatro años de espera y la respuesta del Ministerio Público al caso: “Nosotros esperamos que el caso nuestro hijo siga avanzando en los sistemas internacionales porque con todo lo que hemos evidenciado, la denegación de justicia y todos los recursos que hemos agotado aquí en Venezuela con este sistema viciado de justicia no vamos a tener justicia verdadera. Nosotros continuamos documentando y exigiendo a nivel internacional. De hecho, en el año 2018 introdujimos una demanda individual por los derechos civiles de Juan Pablo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su derecho a la vida, su derecho a manifestar, a la reunión pacífica, su derecho a la reputación. Y no solamente sus derechos, también los de nosotros, sus padres, a quienes nos han violado nuestros derechos en cuanto a lo moral y psicológico. Estamos exigiendo la justicia que no conseguimos aquí en Venezuela y la vamos a buscar y la seguiremos buscando a nivel internacional”, afirma la madre.
Los esfuerzos para acceder a la justicia internacional han llevado a los Pernalete ante el equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a cargo de Zeid Ra’ad Al Hussein (que precedió a Bachelet), luego participaron en los encuentros de víctimas con Michelle Bachelet en su visita a Venezuela en 2019, ante los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se trasladaron a Cúcuta para documentar violaciones de derechos humanos en Venezuela; además su caso fue incluido en el expediente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela; han tenido derecho de palabra ante el Consejo de DDHH de la ONU y se han reunido con varios relatores del sistema universal e interamericano de derechos humanos.
Mientras, los procesos avanzan, los Pernalete preparan junto con los abogados que los asisten un recurso para oponerse a la calificación del nuevo delito imputado por la Fiscalía. “Nosotros no vamos a permitir que lleven esa calificación a los tribunales, ellos tienen un lapso determinado para hacer un acto conclusivo y nosotros no vamos a permitir que dentro de ese acto conclusivo se incluya ese tipo de calificativo. Vamos a ejercer nuestro derecho de estar en contra de esa imputación, y si es necesario solicitar la inhibición por parte del fiscal que lleva el caso, pues lo vamos a solicitar”.
El anuncio de Tarek William Saab lejos de ser un alivio para unos padres en espera de justicia representa una recapitulación de todo el proceso y del dolor que ha conllevado la impunidad en la muerte de su hijo: “Todo eso hace aún más engorroso para nosotros tener una justicia verdadera. No vamos a permitir que otra vez se esté jugando con la honorabilidad de nuestro hijo… Es nuestra parte psicológica, nuestra tranquilidad emocional. De nuevo, otra vez volver a la lucha. Prácticamente a partir de cero”.
Hace apenas tres meses José Gregorio Pernalete fue sometido a una operación de corazón para la cual tuvieron que hacer una recolecta pública a fin de reunir el dinero requerido. Un corazón que sufrió una embestida hace cuatro años cuando Juan Pablo yacía en una camilla de Salud Chacao con una herida mortal en el pecho. “El asesinato de nuestro Juan Pablo nos ha traído otro efecto colateral, la enfermedad de mi esposo. Por mucho tiempo él atribuía sus dolores en el corazón a la tristeza, porque cuando vio a Juan Pablo muerto en la camilla tuvo un dolor muy fuerte en el pecho, el malestar iba avanzando hasta que el año pasado los médicos detectaron que era un tumor en el corazón, un mixoma. Hay un síndrome que se llama ‘síndrome del corazón roto’, ocurre cuando una persona sufre un dolor o un trauma muy fuerte, puede ser la muerte de un hijo, se rompen los tejidos del corazón y eso causa daño físico, no sólo emocional. El mixoma que le diagnosticaron a mi esposo es producto del asesinato de Juan Pablo, le rompieron el corazón, literalmente”, dice la señora Elvira entre lágrimas.
Además, el corazón de José Gregorio Pernalete recibió otro golpe el año pasado cuando su otra hija María Gabriela, quien sufría de cáncer, murió tras una recaída de la enfermedad a causa de la depresión por la muerte de Juan Pablo.
“Saber que debía ser operado nos impuso emprender esa otra lucha para buscar los recursos, porque en Venezuela no contamos con un sistema de salud que pueda respaldar a las personas con algún tipo de enfermedad y mucho menos de este tipo, por eso tuvimos que solicitar ayuda a otras personas. Le agradecemos tantos venezolanos, a comunicadores sociales, a organizaciones, a todas las personas que de una u otra manera acogieron mi situación como si fuese un familiar cercano, contribuyeron y gracias a ellos se lograron los recursos para hacerme la operación. Gracias a Dios la recuperación ha sido satisfactoria. Sigo con las terapias y, por supuesto, seguimos con esta lucha constante que no hemos abandonado porque lo aprendimos de Juan Pablo, las causas justas él no las daba por perdidas; él entregaba todo hasta conseguir lo que se planteaba, y nosotros no podemos ser menos que el ejemplo que nos dejó ese muchacho”.
Las pérdidas que suman los Pernalete a raíz de los hechos de abril de 2017 abarcan casi todos los ámbitos de sus vidas. “Hemos perdido familia con la muerte de nuestros hijos, hemos perdido amigos, hemos perdido empleo, pero seguimos luchando por la justicia y los ideales de Juan Pablo. “Pero además de todo eso perdimos nuestro sentido de vida, al asesinar nuestro hijo Juan Pablo nos quitaron piso, como familia nos destruyeron… Nosotros no tenemos días festivos, ni Navidad, ni Día de la Madre ni Día del Padre, ni cumpleaños. Todo eso se acabó para nosotros, porque nos quitaron lo más preciado que puede tener un padre, sus hijos, y cuando pierdes un hijo, pierdes todo”.
Lo que no ha cambiado en la casa de los Pernalete es la presencia de los seis perros rescatados por Juan Pablo y 6 gatos –algunos llevados al hogar también por él– que dan compañía a los padres solitarios; su balón de basquetball en la sala como si recién lo hubiese dejado allí al llegar de jugar en Petare; su rostro en los portarretratos y en una especie de altar que engalana la sala. Juan Pablo es una fuerte presencia aún en su ausencia.
“A veces nos preguntan si no tenemos miedo. ¿Miedo a qué?, si el día que asesinaron a Juan Pablo no sólo se llevaron la vida de él, sino más atrás se fueron la vida de su madre, su padre y su hermana. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde Dios nos lo permita”.//
