Una noche cualquiera de trabajo en el estacionamiento del aeroclub del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto se tornó en el inicio de la pesadilla para José Humberto Hernández que desencadenaría en su muerte 5 años después. La noche del 24 de marzo de 2016 despegó desde esa pista una aeronave con destino a República Dominicana llevando un cargamento de drogas. Como parte de las indagaciones este trabajador que tenía 12 años de labores como vigilante privado en el estacionamiento del aeropuerto -sin acceso a hangares ni pista- fue citado a declarar en el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, inicialmente solo se trató de unas preguntas y lo dejaron irse tranquilo. Al día siguiente lo llamaron, era su día libre y su cumpleaños, había salido a comprar su propia torta cuando recibió una llamada en la que le pedían que se dirigiera de nuevo al comando antidrogas, lo hizo. Esta vez lo dejaron detenido. Después de todo un día incomunicado de su familia volvió a casa solo a bañarse, la familia sospecha que estaba golpeado en el cuerpo porque no dejaba que le vieran el torso descubierto. Llorando le dijo a su hija Norka que querían involucrarlo en el caso de una avioneta con drogas. Le ordenaron volver al interrogatorio, como en efecto hizo, y desde ese momento no volvió a experimentar la libertad.
Durante cinco años Hernández estuvo en calidad de procesado en Fénix, la “cárcel modelo” del estado Lara. Las comillas se deben a que al momento de su inauguración en 2013 la entonces ministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela dijo que este nuevo concepto de prisión “transformaría la realidad de las cárceles de la Cuarta República” y las convertiría “en centros de rehabilitación, nuevos centros de renovación espiritual para que nazca la mujer y el hombre nuevo”, pero lo que ha ocurrido en la práctica es que ha replicado las mismas formas de la violencia carcelaria tradicional. “Ahí empezó nuestra peor pesadilla, el período que ellos llaman de ‘reflexión o adaptación’ para mi papá fue en un cuarto oscuro, le daban comida con gusanos, todos ahí se enfermaban, estaban desnudos, tenían que hacer sus necesidades en ese lugar y duraron mucho tiempo ahí, como no les llega ni un rayito de sol pierden la noción del tiempo”, recuerda su hija Norka Hernández. Habría que preguntarse si esa descripción corresponde con la idea de “modelo” anunciada por las autoridades.
José Humberto Hernández fue enviado a Fénix sin orden de traslado y con un crecimiento prostático grado 2 y una prostatitis crónica diagnosticados mientras estuvo recluido en el Comando de la Guardia Nacional a raíz de un fuerte dolor que ameritó revisión médica de emergencia, explica su hija Norka: “Los dolores comenzaron a ser insoportables, era muy difícil recibir respuesta positiva de los jueces para trasladarlo a un hospital. Aun así, el 5 de julio de 2016 mi papá fue trasladado a Fénix sin conocimiento de la juez”.
Las investigaciones contra Hernández nunca condujeron a algún elemento de interés criminalístico. Con el tiempo fueron detenidas 10 personas vinculadas al caso. No hubo cruces de llamadas entre el vigilante y ellos; no le fue allanada su casa ni decomisada ninguna pertenencia. No detectaron ningún movimiento fuera de lo común en su única cuenta bancaria donde recibía su sueldo y su pensión. Nadie lo señaló como cómplice ni testificó en su contra. A los demás les fueron allanadas sus propiedades y bloqueadas sus cuentas. Aún así, José Humberto Hernández fue imputado de los delitos de cómplice no necesario en los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir, y mantenido en prisión por cinco años hasta que su salud fue deteriorando paulatinamente y perdió casi 40 kilos de peso.
“Cuando mi papá tenía dos años y medio preso el doctor nos dijo que su próstata no daba más y había que operarlo. Como los jueces no nos daban boleta de traslado ni autorización para la operación fuimos hasta Caracas a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para hablar del caso de mi papá con las pruebas médicas de su condición y lamentablemente no obtuvimos respuesta y fue cuando decidimos acudir a la organización Defiende Venezuela para exponer el caso y ellos nos empezaron a dar la mano al ver la situación, y se comenzaron a hacer las acciones para denunciar la violación de los derechos de mi papá”.
La llegada de la pandemia fue el detonante para la salud de José Humberto Hernández, quien para ese momento cumplía 4 años preso sin que surgieran elementos que comprobaran su participación en los delitos que le imputaban. Su familia estuvo casi un año sin verlo ni poder hacerle llegar alimentos porque no lo permitían. “Duré casi un año sin poder verlo, hasta el 24 de diciembre que dieron una visita por Navidad, y ya la situación de mi papá era muy horrible, había perdido muchísimo peso, casi no caminaba por la debilidad que tenía, había perdido los músculos, su estado físico había llegado al límite, fue una gran impresión para mí, tuve que ser fuerte para no llorar al verlo en esta condición”, recuerda Norka.
Lo que siguió fueron tres meses de súplicas para que su padre tuviese acceso a atención médica, pues en tribunales y otras instancias le decían a esta hija desesperada que estaba exagerando sobre la gravedad. Pero como le ocurre a la gran mayoría de los privados de libertad fueron más las negativas que las posibilidades de que ese derecho fuese garantizado, por lo menos a tiempo. El 20 de enero Norka logró que autorizaran el traslado de su papá a un hospital. Lo llevaron al Hospital Central de Barquisimeto donde a pesar de su visible estado de salud sufrió vejaciones y violaciones a sus derechos al ser discriminado por tratarse de un privado de libertad, además de los malos tratos que recibió por su hija de parte del jefe de la emergencia, quien ordenó a gritos a su personal que no atendieran a Humberto Hernández porque, a su juicio, tenía COVID-19, un diagnóstico que dedujo de algunos síntomas, sin pruebas en mano y desestimando el reporte y los exámenes que llevaba la hija. Las súplicas de nada sirvieron y pese a los temores de lo que implicaría volver a prisión Humberto Hernández fue devuelto a Fénix.
En la “cárcel modelo” no había medicamentos, menos alimentos, por algo Humberto Márquez perdió casi 40 kilos de peso: “Mi papá nos contaba que les daban agua de auyama, agua de arroz, agua de pasta, no la pasta ni el arroz, solo el agua. A veces tras unos días sin comida les daban una arepa pequeñita y sin relleno, mi papá para engañar el estómago le echaba agua para que la absorbiera y creciera”.
En vista de las dificultades para obtener asistencia médica oportuna y que pasaba el tiempo y la situación se complicaba -en los últimos meses desarrolló un derrame pleural-, la organización Defiende Venezuela decidió solicitar medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), las cuales fueron otorgadas el 28 de enero de 2021 a través de la Resolución 8/2021 tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Sin embargo, ninguna autoridad del Estado hizo valer el pronunciamiento de esa instancia internacional que solicitó a Venezuela que: “a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor José Humberto Hernández Rodríguez. En particular, asegurando que tenga acceso al tratamiento médico prescrito por las autoridades competentes; b) concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición”.
A inicios de marzo, Norka recibió la llamada de un privado de libertad que le avisó que debían sacar pronto a su papá para un hospital porque estaba muy enfermo y débil. “Me dijo: ‘Si ustedes no sacan al señor Humberto de aquí va a ser grave, él está dando sus últimas fuerzas, no se puede levantar, no come y aquí no nos quieren dar suero para él, nosotros bajamos a la enfermería y solicitamos suero para darle y no nos dieron”.
Comenzó de nuevo la peregrinación para solicitar traslado. Norka Hernández incluso buscó al presidente del Circuito Judicial del estado Lara para pedirle que emitiera la boleta de traslado. La respuesta del funcionario al conocer que se trataba de un beneficiario de medida de protección de la CIDH fue: “Nadie me va a decir a quién soltar”, y le dio la espalda. Indignada, acudió a tribunales a denunciar el mal trato recibido, allí logró la boleta de traslado que necesitaba. Era el 15 de marzo, más de 10 días tomó recibir respuesta. Pero no fue hasta el día 20 cuando lo trasladaron, pese a la presión de la familia. “Su condición era muy grave. Cuando estamos en una fila para entrar a la Emergencia los médicos lo vieron y lo iban a devolver a Fénix, ahí fue otra vez rogar y rogar para que lo atendieran. Cuando el doctor vio la placa y el informe el médico sospechó que tenía un tumor y pidió hacerle una tomografía antes de hacerle el drenaje del líquido de sus pulmones porque si llegase a ser un tumor maligno le haría metástasis”. Tras una recolecta para pagar la tomografía el médico diagnosticó una tuberculosis crónica, le paciente requería oxígeno y atención especializada, lo que no podían ofrecerle. “Dijo que le daría de alta y en ese momento mi papá llorando me decía que no permitiera que lo regresarán al infierno de Fénix porque allí lo terminarían de matar, y me rogaba que no lo permitiera”, recuerda Norka entre llanto.
La opción fue volver al tribunal que otorgó la boleta a pedir que ordenaran cambio de centro de salud al Hospital Luis Gómez López donde hay tratamiento y médicos para tratar la tuberculosis. Mientras se la daban decidió volver al Hospital Central a ver cómo seguía su papá. Al llegar la sorpresa fue encontrarse a cargo con el mismo médico que en enero le negó atención al hombre. Volvieron los gritos y otros malos tratos, así como la discriminación a un preso. Los órganos de Humberto Hernández ya no daban más, su cuerpo cedía a la muerte mientras clamaba por atención. “Grité que mi papá necesitaba oxígeno, por fin una enfermera reaccionó, pero nadie la ayudaba con la bombona que era muy pesada para ella. Cuando por fin llegó a donde estaba mi papá el médico hizo el gesto de que se lo ponía y me ordenó retirarme. A escasos minutos muere mi papá… (llanto) Luego en la morgue el médico de ahí me dice que a los privados de libertad no les hacen autopsia”.
“Nos quedan muchas preguntas porque no sabemos de qué murió mi papá, su problema de próstata diagnosticado 5 años atrás y que era de operación estuvo sin atención, además le salió una hernia inguinal muy grande que le guindaba, más grande que una pelota, que tampoco se trató, más el derrame pleural”.
Norka Hernández afirma que la ministra de Asuntos Penitenciarios estaba en conocimiento de la medida cautelar a favor de su padre porque ella misma se la envió. “Tengo una conversación por WhatsApp con la ministra, le expliqué todo el caso de mi papá y ella me respondió, después le puse otro mensaje suplicando ayuda me puso ‘Ok’, pero cuando ella se dio cuenta del caso que era, que mi papá tenía medida de protección de la CIDH, dejó de responderme. Las autoridades sabían del caso, la organización Defiende Venezuela hizo una rueda de prensa, salió publicado en los medios de comunicación. Hicimos llegar la medida cautelar a todos a todos los funcionarios involucrados en el caso de mi papá para que tuvieran conocimiento, pero nadie hizo caso”.
“Siempre me pregunté por qué le hacen eso a mi papá sabiendo que era inocente, nunca hubo pruebas contra él, por qué lo condenaron a muerte, por qué se ensañaron con él, le negaron sus derechos jurídicos, su derecho a la salud, sus derechos constitucionales, y ahora después de muerto sigo haciéndome las mismas preguntas”.
El Protocolo de Minnesota, al referirse a la investigación de muertes potencialmente ilícitas, señala que éstas se pueden evidenciar cuando la persona es ejecutada por agentes del Estado debido a la actuación arbitraria de fuerzas de seguridad, grupos que actúen bajo la dirección del Estado o con su aquiescencia, pero también incluye “todas las muertes de personas en prisiones, en otros lugares de reclusión y en otras instalaciones donde el Estado ejerce mayor control sobre la vida”, esto abarca cualquier causa que se sospeche se deba a la acción o negligencia del Estado.
