Históricamente, el estado Amazonas ha concentrado algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, sus pueblos ancestrales han sido olvidados por las políticas de Estado, lo que los ha hecho dependientes de la asistencia de organizaciones de la sociedad civil tanto nacional como internacional. Como explica Yuvisay Carabia, activista del Vicariato de DDHH de Puerto Ayacucho, la Crisis Humanitaria Compleja, la migración forzada, la presencia de grupos armados irregulares y los patrones estatales imponen nuevos desafíos a esas manos que intentan ayudar en medio de tantas carencias.
Carabia pertenece a la comunidad indígena Bari de San Carlos de Río Negro, municipio amazonense que comparte la triple frontera entre Venezuela, Colombia y Brasil; estudió Comunicación Social en la Universidad de Los Andes, núcleo Táchira, y desde 2015 se insertó en el movimiento de derechos humanos en Amazonas. Actualmente, participa en el proyecto colombo-venezolano “Entre Parceros y Panas” que promueve el acceso a la información para los migrantes venezolanos y el diálogo intercultural con el apoyo de emisoras locales y comunitarias de ambos países.
—¿Cuál es la situación actual de los defensores y defensoras de derechos indígenas en Venezuela?
—La Crisis Humanitaria Compleja ha impuesto mayores retos a los que ya teníamos antes. Quienes estamos en el estado Amazonas trabajamos con un gran compromiso para ofrecer respuesta y visibilizar lo que sucede y así lograr mejorar las condiciones de vida para todos, pero estamos en una situación muy vulnerable para hacer nuestra labor de difusión y promoción de los derechos de los pueblos indígenas por varias causas, entre ellas los constantes desplazamientos internos y externos, la minería ilegal, la presencia de grupos armados irregulares, la precariedad de los servicios básicos, los problemas de transporte, las dificultades de comunicación, aunado a la emergencia sanitaria afecta nuestro desempeño para documentar, monitorear, hacer seguimiento a casos.
La movilidad interna entre municipios en Amazonas es vía fluvial, pero para desplazarnos a hacer documentación, sistematización y seguimiento debemos pagar en pesos colombianos el equivalente a entre 15 y 130 dólares por persona, dependiendo de la distancia, lo cual es muy difícil para nosotros, sin contar con que muchas veces hay que conseguir el combustible para las embarcaciones porque no se consigue, eso limita mucho nuestro trabajo.
—¿Cuáles son las vulneraciones que más ocupan la atención de los defensores de derechos humanos en Amazonas?
—Las violaciones ocurridas en las minas ilegales ejecutadas por los grupos armados irregulares y ahora estamos ante conflictos interétnicos que antes no existía entre nuestras comunidades y que también giran en torno a la minería ilegal entre los que están en contra y quienes están atraídos por el oro como forma de subsistencia. El hecho de ser Amazonas un estado limítrofe lejos de ser estratégico para la generación de una economía próspera ha resultado ser de ubicación atractiva para actividades ilegales como el contrabando y otras actividades ilícitas derivadas de la minería ilegal.
—¿Cómo hacen los defensoras y defensoras para documentar y hacer seguimiento a estas violaciones en las minas y en las zonas donde están presente los grupos armados irregulares?
—Nosotros acompañamos, asesoramos y damos formación a miembros de organizaciones, fundaciones o asociaciones sobre la promoción y defensa de los derechos humanos, les damos la preparación para que sean ellos mismos en sus comunidades los protagonistas de los procesos para documentar y sistematizar porque se nos hace muy complicado el traslado a las zonas; antes por lo menos hacíamos trabajo presencial tres veces al año, pero ahora es muy difícil y más aún desde que inició la pandemia y eso pone en mayor vulnerabilidad a las comunidades. Sin embargo, para estar al tanto de las situaciones que se presentan hemos hecho el esfuerzo de tener activistas en las comunidades o en los municipios que llevan el registro e informan a la oficina.
—¿Cuáles son las vulneraciones a los derechos que cometen los grupos armados irregulares en Amazonas?
—El solo hecho de estar en las minas o en las comunidades armados, intimidando a la población es una gran vulneración a los derechos; pero además ejecutan “limpiezas”, como ellos les llaman, que son asesinatos de nuestros hermanos; aunado a las restricciones de movilidad, los impedimentos a que quienes han ocupado estos territorios ancestralmente hagan su vida cotidiana con normalidad, todo eso es muy grave.
—¿La presencia de estos grupos ha implicado algún tipo de riesgo o limitación al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado Amazonas?
—Sí, muchos activistas y defensores se sienten amenazados, están expuestos a agresiones y en ocasiones estos grupos les prohíben hacer su trabajo e incluso hasta salir de sus conucos, de sus propias casas, claro que están temerosos.
—¿También perciben riesgos por parte de funcionarios de organismos del Estado?
—Sí, ha ocurrido que persiguen cuando se desplazan de un lado a otro, a veces les toman fotos…
—¿Quiere decir que los defensores de derechos indígenas en Amazonas no pueden hacer su labor libremente?
—Libre hasta cierto punto, tenemos que trabajar con mucha prudencia y precaución no solo por los grupos armados irregulares, sino por el propio gobierno, además hay mucha impunidad.
—¿Cuál cree que debería ser el escenario ideal para que un defensor de derechos indígenas desarrolle su trabajo a plenitud?
—Principalmente tener protección de parte del Estado, que no estigmaticen nuestro trabajo, nos den acceso a información y que no impongan restricciones a las organizaciones.
¿Cuál es su mayor preocupación como defensora de los derechos indígenas?
—La precariedad en la que se encuentran nuestros pueblos que se traslada a nosotros porque formamos parte de las comunidades; la violencia que cada vez es mayor y con nuevos actores; la Emergencia Humanitaria Compleja que sigue agudizándose cada día, eso me preocupa porque avanza y es catastrófico para nosotros.
—¿Cree que en el resto del país se conoce la situación de los defensores y defensoras de derechos indígenas?
—Sabemos que muchos no conocen la realidad del movimiento de derechos indígenas ni la situación existente en el estado Amazonas para hacer el trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, y eso nos coloca en mayor vulnerabilidad, así como está vulnerable la población que es el objeto de nuestro trabajo. Además, nos vemos afectados porque las políticas públicas no están orientadas ni hacia la realidad de nuestros pueblos y menos aún hacia la garantía de nuestra labor como defensores.
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