Al igual que hicimos en el Informe del 1° semestre del año, este Informe Anual 2020 de la ONG Una Ventana a la Libertad gira alrededor de un tema central: la crisis de salud en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela. Y esto no es por capricho como quedará evidenciado en este extenso trabajo. Después de analizar los Alertas de los CDP y de las Prisiones que produjo nuestro equipo y, los dos monitoreos que realizamos durante el año, podemos concluir que en un país que vive desde el año 2013 una emergencia humanitaria compleja, agravada por la dolarización de facto y la crisis de la gasolina, se ha profundizado la emergencia sanitaria. A este cuadro se sumó la pandemia de Covid-19, y las condiciones caóticas del sistema de salud se tornaron catastróficas. Por estas razones mucha gente no confía en las cifras oficiales sobre las personas afectadas por la pandemia en Venezuela.
Lo anterior no sorprende en cuanto a la realidad de los CDP después que presentamos los datos del monitoreo del 1° semestre, cuando el 13 de marzo se declaró la cuarentena obligatoria en todo el país. A pesar de que tuvimos dificultades para poder acceder a las fuentes de información en ambos semestres, nuestros 21 investigadoras e investigadores lograron constatar, las condiciones graves de sobrevivencia en que se encuentran los calabozos en los 19 estados cubiertos. En estos espacios no establecidos para albergar por más de 48 horas a las personas detenidas, se siguen acumulando hombres y mujeres, muchos de los cuales llevan años y, algunos, hasta cumplen el tiempo de su sentencia en los CDP.
El número de CDP con problemas de hacinamiento aumentó de 207 a 221 para el final del año, llegando a 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo a lo largo y ancho del país. Así, cualquiera enfermedad se propaga fácilmente aumentando también el número de detenidos/as que murieron debido a esta realidad. Para el final de año había 22.469 hombres (92,78%) y 1.749 (7,22%) mujeres detenidas, para un total de 24.218 detenidas/os, cuando el cupo total disponible en los CDP era de sólo 7.457. Las condiciones sanitarias dejan mucho que desear; en 257 (94,14%) es decir, en casi todos los CDP, el agua potable la llevan las familias en sus visitas, suspendidas desde marzo del año 2020. No es de extrañar que 45 CDP (16,48%) afirmen acumular los desechos en el primer semestre, en las afueras o dentro de las celdas. Al especificar las heces fecales y la basura, el número de calabozos aumentó a 140, es decir, el 51,28% durante el segundo semestre. Y, si lo anterior fuera poco, nos encontramos con que solamente 68 (24,91) CDP tienen baños con pocetas y/o duchas. La mayoría de los monitoreados, carecen de ellos y en su lugar tienen que recurrir a duchas y letrinas improvisadas (186=68,13%). A esta realidad debemos sumarle que, 235 calabozos, o sea el 86,08%, presentan carencia de ventilación; y, por si todo lo anterior fuera poco, en un 71,06% (194 CDP) se encuentran en convivencia permanente y forzosa los detenidos enfermos y los sanos. Es decir, enfermar y contaminar a los demás está permitido.
Por lo dicho hasta aquí, no puede sorprendernos que la principal causa de muerte en el año 2020 fueron las enfermedades, con un total de 143 muertes o sea un 68,75% del total de 208 muertos. Además, 15 detenidos murieron en riñas, 5 en motines y 3 por otras causas. Las 5 enfermedades que causaron el 87% de las muertes en los CDP fueron la tuberculosis (86=60,14%); desnutrición (13=9,09%); problemas respiratorios (12=8,39%), problemas cardíacos (8=5,59%) y tuberculosis y desnutrición juntas (5=3,50) casos. Los datos nos hablan de que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los 5 que también presentaron desnutrición. Estas son en realidad las dos causas principales de muerte, por ende, el verdadero problema de salud en los calabozos. Esa es la verdadera pandemia en los CDP si vemos que sólo fueron registrados 2 muertes por Covid-19.
En cuanto a las fugas, las causas pueden ser múltiples, pero siempre tienen algún vínculo con el incumplimiento de las condiciones para garantizar los derechos de quienes permanecen detenidos: ya sean las condiciones de detención de alto riesgo o, el incumplimiento del debido proceso, o las sanciones violatorias de los derechos a la vida y a la integridad personal. Así, en segundo lugar, encontramos las muertes por fugas -42 o 20,19%- del total. Estas muertes están básicamente asociadas al proceso de recaptura al cual siempre se refieren como enfrentamiento. Muere sólo el 17,28% del número de fugados (243), lo cual significa que la mayoría logró permanecer en “libertad”, aunque su vida esté en permanente riesgo.
En cuanto a las enfermedades más comunes encontramos que en 185 Centros de Detención Preventiva (67,77%), se presentaban cuadros de desnutrición, escabiosis, gripes, tuberculosis y enfermedades respiratorias, en ese orden. La desnutrición acompaña a muchos de los enfermos de las otras patologías, de acuerdo a la opinión de algunos familiares y funcionarios. Para el final del año las 5 primeras enfermedades fueron escabiosis o sarna 2.670 (46,43%) detenidos, desnutrición 1.354 (23,54%), gripe 825 (14,35%), tuberculosis 596 (10,36%) y Covid-19, 317 (5,51%).
Los datos sobre la salud y la muerte en los calabozos, nos hicieron recordar que es una vieja tradición en nuestra historia que las instituciones del Estado desobedezcan o no cumplan las leyes, sea cual sea su importancia. Pero, en especial no se acatan todas aquellas que protegen a la población más carenciada o desfavorecida, entre los que se encuentran quienes una vez fallaron y cometieron un delito. Se acata, pero no se cumple significa que el destino de las personas detenidas no depende de la institucionalidad y el debido proceso, sino de criterios extralegales, quedando así postergados sus derechos humanos. No hay ningún otro ente que no sea el Estado, al que pueda responsabilizarse por la violación de derechos humanos en los Centros de Detención Preventiva, los cuales se han convertido en las nuevas cárceles del Siglo XXI.
A pesar del alto costo en calidad de vida para las personas detenidas, el número de calabozos que suspendieron la visita de lo/as familiares fue sumamente alto. Se agregaron durante el 2° semestre 11 nuevos calabozos a los 245 que habían tomado esa decisión en el 1° semestre, ascendiendo a un 93,80% es decir, 256 CDP. Por otro lado, las jornadas de limpieza ascendieron a 357 (68,5%) de los 273 CDP monitoreados. Sin embargo, la sobrevivencia siguió dependiendo de las y los familiares de las personas detenidas. Los alimentos, siguieron siendo provistos por los familiares, ya sean preparados en 226 CDP (82,78%) o por preparar en 81 CDP (29,67%).
Se totalizaron 268 CDP en los cuales la familia entregó tapabocas a sus familiares detenidos (98,2% de los 273 monitoreados), y en 139 (50,9%) productos de limpieza para las celdas. En 96 (35,2%) facilitaron antibacterial, en 75 (27,5%) entregaron guantes, en 71 (26%) productos de limpieza para la ropa. Durante el 2° semestre, 11 CDP aislaron a 105 detenidos por sospecha de Covid-19; pero, solamente se confirmaron en 10 calabozos un total de 317 reclusos contagiados, es decir, un 3,7% del total. Por otro lado, es interesante que la aplicación de pruebas de Covid-19 que en el 1° semestre no se contabilizó, durante el 2° semestre llegaron a 2.475, aunque sólo alcanzaron a un 10,22% del total de detenidos. Así podemos observar que mejoró en algo durante el 2° semestre la atención a la pandemia en particular. Esto no sólo beneficiaría a los detenidos sino también, al personal que labora en los Centros de Detención Preventiva.
Las mujeres detenidas constituyen más del 7 % del total de los detenidos. Estamos hablando de 1.749 mujeres recluidas en los Centros de Detención Preventiva monitoreados durante el año. Solamente un 11,09% de las mujeres detenidas no embarazadas, o sea la mayoría de ellas, fueron incluidas en las jornadas de salud, ya sean oficiales o sociales. Y, en caso de enfermedades propias de su sexo, apenas 54 recibieron algún tipo de atención.
Por otro lado, las mujeres embarazadas no reciben atención oportuna y permanente durante sus embarazos si llegan así, o si son ilegalmente embarazadas, durante su estancia en el CDP. Recordemos que las mujeres en Venezuela tienen regulaciones para el ejercicio de su sexualidad cuando están detenidas. Pero, lo fundamental es que el problema de salud no es sólo las enfermedades sino la prevención, para que estas no lleguen a presentarse; y si lo hacen, que no revistan gravedad. La buena alimentación y un buen ambiente sanitario son imprescindibles, al igual los artículos de higiene personal y las toallas sanitarias como medidas preventivas en salud de la mujer.
Durante el año los CDP tomaron medidas especiales de prevención de la pandemia. Las jornadas de limpieza aumentaron durante el segundo semestre del año 2020 cubriendo 187 CDP, con la ayuda fundamental de las familias de los detenidos. Igualmente aumentó a 72 el número de calabozos que aplicaron la prueba para detectar el Covid-19 y que distribuyeron tapabocas a los detenidos, aunque solamente fueron 50 CDP.
Por otra parte, de los 273 calabozos monitoreados, sólo un 8,42%, es decir 23 CDP cuentan con el personal para atención de salud dentro en su sede. La mayoría de los calabozos (169) reconocen tener acceso al traslado de enfermos a centros de salud cercanos, esto significa un 61,90% del total. Aunque se superpongan ambos rubros y no exista autonomía entre los datos, ya que las diferentes medidas pueden haberse dado en más de un retén, sigue siendo elevado el porcentaje que afirma esta disponibilidad. Pero, la posibilidad de traslados no significa tener acceso a los mismos en condiciones seguras. Por el contrario, significan improvisación pues 227 CDP (83,15%) deben utilizar las patrullas cuando las hay y tienen gasolina, sus vehículos de uso personal o vehículos provistos por familiares; lo cual, por lo general, representa un costo más para la familia. Son las familiares en sus visitas las que en el 89,74% de los calabozos, asumen la responsabilidad de llevar medicamentos a los detenidos enfermos. Además, 109 o sea 39,93% indican que se beneficiaron con jornadas sanitarias institucionales.
Otras medidas que se refieren al debido proceso y que aún siguen siendo muy publicitadas cada vez que se realizan, son las llamadas jornadas de descongestionamiento cuya sola existencia confirma, todo lo que hemos dicho del hacinamiento. Si bien en 154 calabozos se informó de jornadas de traslado a cárceles, sólo 487 (2,01%) reclusos del total de hacinados en los calabozos fueron trasladados. En 76 CDP hubo detenidos excarcelados, estos sólo fueron 619, es decir un 2,56% del total de detenidos y detenidas hacinados. Y, en cuanto al debido proceso, en 209 (76,56%) se realizaron jornadas de agilización de causas. Esperemos que den resultados positivos en 2021.
Como señalamos, 226 CDP (82,78%) siguieron dependiendo de la familia de los detenidos para poder alimentarlos, ya sean preparados o por preparar y, en el 89,74% los medicamentos son suministrados por la familia. Esto es lo que hizo que fuera más frecuente el cobro de vacunas o extorsiones de parte de los funcionarios. En otros casos por los pranes.
Una reacción de las y los detenidos ante su situación de reclusión, fueron las protestas. La huelga de hambre es la forma de protesta más común en los calabozos (62=22,71%) y en las cuales participa un alto número de detenidos. La mayoría son hombres, pero también participan algunas veces, mujeres. En 2° lugar se encuentran los motines que pueden ser muy violentos, y en último lugar la violencia contra custodios. Sin embargo, no todas las protestas son violentas ya que, en un CDP conocido por sus conflictos con las autoridades como el Retén de Cabimas, se dio el 28 de septiembre una protesta sin violencia que duró muchas horas con los detenidos en la calle frente al retén; y, al concluir, no dejó ningún fugado, golpeado o muerto, sino que, todos y todas volvieron a sus celdas. Reclamaban comida, agua y medicamentos.
Por último, analizamos y presentamos algunos ejemplos de cómo la sobrevivencia de la mayoría de las personas detenidas que no tienen un familiar que pueda alimentarlos, se debe a las acciones solidarias de los mismos detenidos, hombres y mujeres y de sus familiares, quienes se organizan para llevar los suministros a los calabozos.
Este informe ha evidenciado que la lucha por el descongestionamiento de los CDP, es la lucha por el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, de las detenidas y los detenidos en los Centros de Detención Preventiva; los cuales deben volver a ser instancia de tránsito de 48 horas de detención. Llegó el momento de no solamente acatar, sino de cumplir las leyes nacionales y las normas internacionales que nos corresponden como país.
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