Una noche y un día completo con parte de su noche tomó a nueve madres de la etnia pemón llegar hasta Caracas desde la Gran Sabana para seguirle la pista a sus hijos, 13 jóvenes detenidos de manera arbitraria y desaparecidos por días, señalados de haber participado en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Las mujeres y el resto de sus familias no entendían cómo en un abrir y cerrar de ojos la vida dio un giro tan abrupto y oscuro que los arrancó de sus territorios ancestrales para confinarlos en la celda de una cárcel capitalina, a más de 800 kilómetros de distancia de su hogar.
Felicia Pérez, descendiente de aborígenes originarios habitantes de Roraima y la Gran Sabana, es una de esas madres que viajó desesperada en ese bus en diciembre de 2019 y es la única que permanece en Caracas, las demás poco a poco se tuvieron que ir por las dificultades económicas y de logística para mantenerse en la capital. Los tres hijos de Felicia, Amilcan, Óscar y Pantaleón Pérez, están entre los detenidos; ella es quien se encarga de llevarles alimento a los pemones presos en nombre del resto de las madres, también es quien busca ayuda, se reúne con los abogados que llevan el caso y acude a las instancias cuando es necesario.
Ha transcurrido un poco más de un año y Felicia aún no entiende cómo un festejo en su comunidad Kumarakapay, en San Francisco de Yuruaní, terminó de esa manera. Todos estaban reunidos celebrando cierre de campaña de un candidato a la Capitanía cuando los jóvenes decidieron irse a Arapan, en la Quebrada de Pacheco, ubicado a 15 kms de distancia. En plena carretera, buscando cómo llegar, pasó un camión que se los llevó. Más adelante los bajaron, los apuntaron y les ordenaron ponerse unos uniformes militares. Ya se estaba haciendo de noche. Una vez vestidos los llevaron donde había un armamento y les exigieron subirlo al camión. En el trayecto un soldado disparó al camión e hirió a dos de los jóvenes pemones que fueron trasladados a un ambulatorio y luego detenidos. Por ellos fue que la comunidad de Kumarakapay supo lo ocurrido. Otros fueron abandonados más lejos y desaparecieron por días. “Desde ahí nosotras las madres estábamos pensando dónde podrían estar nuestros muchachos, si los habrían matado porque nadie nos decía nada, ni siquiera los policías de nuestra comunidad”, relata Felicia.
De tanto averiguar por fin las madres dieron con el paradero de los 13 indígenas: DGCIM de Boleíta, en Caracas. Como ocurre con todas las personas que son apresadas por motivos políticos en Venezuela, a estos jóvenes les fue violado el debido proceso, fueron detenidos de manera arbitraria sin pruebas ni orden de captura, desaparecidos forzosamente —uno de ellos 59 días— y trasladados sin orden de un juez. Sus familiares y abogados del Foro Penal han denunciado además que fueron víctima de tratos crueles, inhumanos y tortura con métodos de asfixia mecánica, golpes y privación de agua y alimento, entre otros. Fueron obligados a admitir hechos bajo tortura.
“Llevamos, no sé cuántos días sin verlos, eso fue una tortura para nosotras las madres”, recuerda Felicia Pérez.
La paralización de tribunales como parte de las medidas preventivas del COVID-19 afectó el proceso judicial. Entre febrero y octubre no hubo ningún acto procesal en este caso mientras la salud de los detenidos se deterioraba considerablemente tras su traslado arbitrario —sin orden ni avisar a sus familiares— al Rodeo II, en Guatire, principalmente por falta de agua potable y alimentos, además de las enfermedades presentes en la población penitenciaria en el país. Fue el 27 de noviembre cuando el tribunal llamó para dar a conocer la acusación: pasaron a juicio acusados de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración contra la forma política, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo.
“No han mostrado pruebas, no tienen pruebas, nada. Ellos no son ningunos terroristas. Tengo 52 años viviendo, se quiénes son mis hijos, crecieron conmigo y no son terrorista nada. Ellos son inocentes, todos, los 13, algunos son deportistas, hay músicos que tocan instrumentos de viento, son buenos artesanos, nosotros toda nuestra vida vivimos trabajando agricultura”, afirma Felicia en medio del llanto. Gracias al apoyo de religiosas y personas vinculadas a la Iglesia católica esta madre de trato amable y castellano perfecto ha podido quedarse en Caracas pendiente de los 13 jóvenes, 12 desde el 3 de enero pasado tras la muerte de Salvador Franco, y llevarles alimentos cada vez que puede ir con lo recolectado a través de donaciones que recibe.
“Los custodios nos dijeron que podíamos entrar todos los días la comida para nuestros hijos, pero cómo vamos a hacer, está muy difícil para nosotros, allá no les dan comida o les dan a veces apenas algo, eso lo denunciamos con los abogados, y el director nos llamó y nos dijo que si volvíamos a hacer la denuncia no nos iba a permitir más la visita, yo le dije: ‘Señor, sus mismos muchachos nos dijeron que podíamos traer la comida todos los días, pero cómo vamos a hacer, nosotros estamos denunciando la realidad. El problema ha sido el transporte, si fuese posible llevaríamos todos los días la comida para que se alimentaran bien, pero estamos lejos de Caracas a Guatire y con la falta de gasolina o no siempre conseguimos cómo ir. Cocinamos bastante cantidad para que les alcance a los 12 algunos días”.
A ratos a Felicia le es difícil relatar los hechos sin que la ataque el llanto, hace poco vio morir a Salvador Franco, sus tres hijos están tras las rejas en condiciones precarias y otros 9 prácticamente dependen de ella para alimentarse y tenerla como puente con el mundo exterior, así de pesada es la angustia pesa sobre ella: “Ellos no están bien, entre ellos mi hijo mayor que no está normal, siempre me dice que no los sacan al sol, no los alimentan, algunos han perdido mucho peso, están muy tristes y desesperados, se les nota el cambio, ya no son como eran antes. Poco después de llegar al Rodeo II se empezaron a enfermar, primero fueron cinco los que cayeron enfermos con gripe y problemas estomacales fuertes porque allá no tienen agua potable y casi tampoco agua para bañarse. Ellos tienen miedo de caer en desnutrición y de contagiarse con lo que le dio a Salvador… Porque a Salvador lo abandonaron (las autoridades), se olvidaron de él, no lo atendieron, él estuvo enfermo desde junio, se pidió traslado y revisión médica pero no lo atendieron. Él murió de tuberculosis pulmonar y desnutrición, las últimas veces que lo vimos los demás muchachos lo llevaban cargado, sus manos eran heladas, veíamos que estaba muy mal”.
“A pesar de muchas dificultades estamos aquí en pie de lucha para que el mundo sepa que nuestros hermanos venezolanos están sufriendo. Yo no quiero regresar con mis manos vacías. Yo quiero irme con mis 12 muchachos para la Gran Sabana, a casa con nuestras familias. Ese es mi deseo y pido que me ayuden a correr mi voz, porque no estamos bien, estamos sufriendo. Yo pido como madre y representante de los 12 que liberen a nuestros hijos, que podamos regresar a nuestro territorio. También pido por todos los que tienen a sus familiares presos políticos y los militares presos políticos, que todos sean liberados de esto, tienen que estar libres. Esa es mi petición: justicia y libertad. Y que la muerte de Salvador no quede impune, como tampoco puede quedar impune la muerte de nuestro hermano kamarakoto Charly Peñaloza, de la comunidad de Canaima, a quien militares que llegaron allá haciéndose pasar por turistas lo mataron en noviembre de 2018, tiene que haber justicia, e igualmente para nuestros hermanos de Santa Elena que fueron masacrados y ni se sabe cuántos murieron. Tiene que haber justicia, todo esto nos ha causado dolor, tristeza y temor”.
