Alejandra Olivares comenzó su carrera de abogada en 1999, justo cuando el régimen llegaba al poder. Conoció desde adentro las decisiones y la dinámica del Ministerio Público, donde ejerció como fiscal por 14 años. Fue justamente esa experiencia, llena de injusticias y arbitrariedades, la que la llevó a insertarse en el movimiento de derechos humanos. Egresada de la Universidad Santa María, con especialización Ciencias Criminológicas y en Criminalística en la UCAB, es presidenta de la ONG Defensa en Acción, promotora de la Alianza Anticorrupción y facilitadora de Redhanz, red que agrupa a 14 organizaciones de DDHH del estado Anzoátegui
— ¿Cuándo nació la Red de Derechos Humanos del estado Anzoátegui y qué motivó su creación?
—Redhanz es un conjunto de organizaciones, actualmente 14 en diferentes áreas, que decidimos unirnos porque consideramos que es una manera de potenciar el trabajo que veníamos haciendo, dado que hay varios problemas en el estado que de una manera u otra están relacionados, por ejemplo, las graves fallas de agua inciden en la salud, entonces es importante que todos tengamos comunicación sobre la realidad del estado para potenciar el trabajo y lograr mejores resultados. Por eso, desde hace más de un año nos reunimos varias organizaciones y decidimos integrarnos de manera horizontal, aunque respetando la autonomía de cada organización.
— ¿De cuál de esas 14 organizaciones usted forma parte?
—De Defensa en Acción, la cual surgió a raíz de las manifestaciones de 2014 aunque yo me uní durante las protestas de 2017. Comenzamos a realizar el trabajo antes de constituirnos formalmente, y abarcamos no solo lo referente a las detenciones arbitrarias en ese contexto, sino también a documentar las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
— ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que ocurren en Anzoátegui?
— Una de las más graves es la falta de agua, hay sectores que tienen semanas y hasta meses sin recibir el servicio y hay personas que en la búsqueda desesperada han optado por contratar camiones que cargan el agua en sitios clandestinos y donde el agua no tiene ningún tratamiento; otras incluso la sacan de alcantarillas, por lo que es una situación bastante grave al punto que hace un año ocurrió una epidemia en el estado justamente por contaminación del agua que colapsó los centros asistenciales, pues más de cuatro mil personas resultaron afectadas y murieron por lo menos 24 personas. No estamos exentos de que esta situación vuelva a presentarse porque no se le está haciendo el tratamiento adecuado al agua que le llega a más de la mitad de la población del estado a través del canal de Caratal; es importante decir que entre las primeras causas por las cuales las personas asisten a los centros médicos es por trastornos gastrointestinales debido a la calidad del agua; tenemos un servicio que se interrumpe y no es de calidad.
Y en el contexto del COVID-19 Anzoátegui es uno de los estados del país donde hay más fallecimientos de personal de salud por el virus, hasta ahora van más de 42. También persisten enfermedades como paludismo. La situación de los pacientes oncológicos, los pacientes de hemofilia y los pacientes renales es muy grave. Y en Redhanz hacemos todo lo posible para visibilizar lo que está ocurriendo con la salud en este estado. Pero también hay problemas con la educación, con el servicio de gas doméstico, terrible que mucha gente tiene que cargar la bombona a cuestas largas distancias cuando consigue.
— ¿Con este panorama de violaciones descrito han visto resultados en su trabajo como red más que cuando cada organización trabajaba por su cuenta?
—Sí, sobre todo en lo referente a educación y capacitación. Nosotros tenemos un año realizando diversos foros en los que abarcamos varias materias justamente porque partimos de la idea de que para que la gente pueda conocer sus derechos primero hay que educar en el tema, debemos capacitar a la ciudadanía y a nosotros mismos también. Además, la visibilización de las violaciones es mucho más cohesionada, logramos obtener mejor información pese a los bloqueos e impedimentos, así como robustecemos las iniciativas que surjan.
— ¿Cómo ha sido la experiencia de capacitación con la ciudadanía, cree que ahora hay más conciencia sobre el tema de los derechos humanos que antes?
—Sí, totalmente.Nos ha ido muy bien, en una época en la que todo debemos hacerlo de manera virtual para no exponer a nadie ante del COVID-19 la gente ha demostrado casi masivamente que quiere aprender y educarse en los temas, hacen muchas preguntas a los foristas. Incluso, a raíz de esas capacitaciones se han creado otras redes de ayuda en el estado y se ha despertado mucho más la conciencia por ayudar y aportar.
— ¿Han tenido alguna experiencia de llevar casos ante alguna instancia internacional de derechos humanos?
—Varias de las documentaciones de violaciones a los derechos humanos de la Plataforma Hum Venezuela han sido aportadas por diversas organizaciones integrantes de Redhanz, incluida Defensa en Acción, y eso ha llegado a diversas instancias; también hemos tenido comunicación con los oficiales de la oficina del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, y seguimos documentando y enviando reportes.
— ¿En qué temas o áreas están enfocados actualmente?
—Estos días tenemos pautados foros chat en materia ambiental y de salud, tenemos prevista una jornada de recaudación de Música x Medicinas para el hospital Luis Razetti junto con la ONG Provea, y estamos enfocados a la parte formativa de la ciudadanía y de los activistas, además de la documentación de las violaciones a los derechos humanos para emprender acciones en alianza para visibilizarlas, pues hay estados de los Andes o de repente Lara y otros que tienen años en el trabajo cohesionado de derechos humanos, mientras que en Anzoátegui es novedoso el tema de las alianzas de organizaciones para mostrar la realidad y potenciar el trabajo, tal vez por eso Redhanz ha tenido tan buena receptividad.
— ¿Cómo inició su vinculación con el mundo de los derechos humanos?
—Fui fiscal del Ministerio Público en Barquisimeto por 14 años, renuncié por muchas situaciones internas que no me gustaban, al darme cuenta de tantas injusticias, tantas violaciones, más aún porque yo trabajaba con delitos referidos a niños, niñas y adolescentes, eso fue determinante y me impulsó a querer formar parte del movimiento de derechos humanos.
— ¿Cómo ha sido la experiencia, más en un país donde el Estado incumple su deber de garantizar los derechos humanos de la población, según lo han constatado instancias internacionales?
—Cada situación que observo me llena de más sentido de lucha y de ganas de hacer las cosas, siento que no podemos quedarnos de brazos cruzados, tampoco ser parte del problema sino parte de la solución, de poner nuestro granito de arena para lograr mejores cosas. Pero también es importante que la ciudadanía entienda que es una lucha de todos, no solo de las organizaciones, por eso la necesidad de educar en estos temas. Siento que debemos trabajar para que la gente se involucre más en la defensa de los derechos humanos. Hace un año tuve la oportunidad de participar en el Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes (IVLP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, el cual agrupa a gran cantidad de organizaciones del mundo y pude ver las grandes posibilidades que hay en Venezuela para lograr que desde el exterior se interesen en organizaciones locales, y para eso hay que capacitar a la gente.
