Después de siete meses de entrada en vigencia del decreto de estado de alarma por el COVID-19 en Venezuela continúan las vulneraciones a los derechos humanos de la población pese a las denuncias de ciudadanos, ONG e instancias internacionales.
¿Cómo han impactado las medidas por la pandemia en la calidad de vida de los venezolanos?
¿Puede un decreto de emergencia impedir la expresión ciudadana y restringir los derechos fundamentales?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante la vulneración de sus derechos?
Desde Crisis en Venezuela invitamos a ciudadanos a un encuentro vía chat con Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, organización que este 2020 cumplió 32 años de trabajo en defensa y promoción de los DDHH en Venezuela, para disertar sobre estos temas.
Compartimos la exposición de Uzcátegui en este foro chat y algunas de las preguntas de los participantes con sus respectivas respuestas.
¿Cómo han impactado las medidas por la pandemia en la calidad de vida de los venezolanos?
¿Puede un decreto de estado de alarma impedir la expresión ciudadana y restringir los derechos fundamentales?
¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante la vulneración de sus derechos?
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Si los ciudadanos somos víctimas de violaciones a los DDHH a dónde podemos acudir para denunciar?
En una situación normal a la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, pero en situaciones de ausencia de instituciones democráticas, debido a sus omisiones, hay que visibilizar la situación e informar a los organismos internacionales de protección a los DDHH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de la ONU. En este trabajo los medios de comunicación y las ONG son aliadas, pues tienen la capacidad de corroborar la información y procesarla manteniendo la identidad de los informantes bajo resguardo.
Aunque usted explica que ni siquiera en un estado de emergencia los derechos y libertades pueden ser restringidos en varias partes del país han usado la fuerza durante la cuarentena para disolver protestas por reclamos de servicios y como excusa argumentan que en esas protestas se ha propagado el virus, como aseguran que ocurrió en Yaracuy. ¿Es válida esa respuesta? ¿Hay manera de defender el derecho a la expresión ciudadana y al tiempo respetar las medidas de seguridad por el COVID?
El coronavirus no puede ser la excusa para colocar los derechos humanos en cuarentena. La propia constitución coloca algunos derechos en resguardo bajo el estado de alarma. En el caso venezolano la decisión de las autoridades se basa en criterios políticos, de mantener la mayor gobernabilidad posible a pesar de no dar respuestas a los reclamos de la ciudadanía. El decreto de esta de alarma es ambiguo, y no dio paso a una normativa donde se especificara con mayor detalle cuales son las medidas, quienes son los encargados de velar por ellas y las sanciones en caso de su incumplimiento. Una protesta es legítima si mantiene las medidas de bioseguridad. Una protesta en estas circunstancias desea generar imagenes que sean divulgadas por los diferentes medios de comunicación y redes sociales para presionar a las autoridades por una respuesta efectiva, así que hay muchas posibilidad de ejercer el derecho a la manifestación pacífica de manera creativa.
¿Cuáles son los mecanismos de presión ciudadana que actualmente se pueden ejercer para denunciar estas violaciones a los DD HH pese a las limitaciones del confinamiento?
Se pueden realizar manifestaciones públicas manteniendo las medidas de bioseguridad y convocando a los medios de comunicación para difundirlas, o estableciendo una estrategia propia de difusión. Se debe continuar el trabajo de documentación para respaldar apropiadamente las denuncias. Contactar a medios de comunicación y ONG de derechos humanos regionales. También está la posibilidad de comunicarse con el equipo del Alto Comisionado de DDHH de la ONU que se encuentra en nuestro país.
Entendiendo la crisis de los poderes, ¿hay alguna acción legal ante algún ente por parte de persona natural o jurídica para solicitar la revisión o anulación del decreto d estado de alarma? ¿Qué se ha realizado?
Diferentes voceros políticos y sociales, durante el mes de marzo, remitieron solicitudes al TSJ sobre el decreto de estado de alarma. No fueron admitidas. El TSJ confirmo la supuesta constitucionalidad de este decreto.
¿Cuánto han incidido las sanciones impuestas a partir del año 2018 a individuos y en el año 2019 a empresas vinculadas al régimen en el agravamiento de la crisis social y económica que vive el país?
Gracias por la pregunta Alfredo. Desde las ONG de derechos humanos hemos apoyado las sanciones individuales contra violadores de DDHH, pero hemos cuestionado las sanciones financieras, pues aumentan el sufrimiento de la gente en momentos de Emergencia Humanitaria Compleja. Una crisis que se agravó debido a la pandemia, por lo que tanto al ACNUDH como la CIDH han solicitado a la comunidad internacional flexibilizar estas medidas para que las autoridades venezolanas puedan contar con los mayores recursos disponibles para enfrentar la pandemia. Los oficialistas meten ambos tipos de sanciones en el mismo saco, pero en los espacios de dialogo que se han generado siempre han puesto, al inicio y al final, el retiro de las sanciones individuales, no las financieras. Por eso hemos insistido que este tipo de mecanismos de presión pueden aumentarse aún.
Tomando en cuenta la grave crisis en materia de violaciones de los derechos humanos, especialmente los referentes a los derechos económicos, sociales y culturales, que afecta no solo a Venezuela sino al continente entero por la imposibilidad de los Estados de garantizar condiciones mínimas para el pleno desenvolvimiento, quisiera que pudieras orientarnos acerca de los mecanismos o estrategias que se pudieran utilizar para llevar a cabo los procesos de documentación en pleno distanciamiento social, teniendo en cuenta las deficiencias de los servicios públicos
Efectivamente, los resultados recientes del Informe de la Misión de Determinación de Hechos nos reitera la importancia de la documentación. En estos momentos se hace más complicado debido a las restricciones de la movilidad. Es importante siempre corroborar la información con una fuente directa o con alguien que haya sido testigo de los hechos, recopilar todas las informaciones que hayan sido publicadas y darle más peso a las publicaciones de personas confiables o que hayan sido testigos de los hechos. Cualquier base de datos en excel es útil para sistematizar datos, de acuerdo a criterios definidos previamente, pero que nos ayuden a compararlos entre ellos. Otra alternativa son las entrevistas, ofreciendo a los denunciantes la posibilidad de mantener su identidad en resguardo.
¿Provea tiene previsto para el año que viene ir a las comunidades orientar, asesorar a los vecinos para que defiendan sus derechos?
Provea ha venido estimulando y conformando «Comités populares de DDHH». En el caso de Caracas ya existen 11 de ellos formados, que han venido haciendo seguimiento y documentando situaciones en comunidades concretas. Vamos a seguir con esta iniciativa en el año 2021, liderizada por Diannet Blanco, y también fortaleciendo todas las iniciativas sociales que existan en estas difíciles circunstancias. En algún momento de la pandemia tendremos que combinar lo presencial con lo digital, pues el año que viene será un año de mayores interrupciones en los servicios básicos.
¿De qué manera podemos promover la resiliencia en las comunidades e impulsarlos a denunciar las violaciones de DDHH, pese a la crisis que atraviesa el país y a las constantes represiones por parte del régimen?
Creemos que una manera es contar las historias de cómo otros lo han hecho y han podido empezar a disfrutar de sus derechos humanos. Una posibilidad es contar las historias de otros países, con situaciones tan complicadas como las nuestras, que finalmente pudieron comenzar a dejar esos problemas atrás. Hay experiencias regionales que nos pueden servir para esta labor pedagógica, como Colombia y Perú, que padecieron situaciones que en su momento parecían que no iban a tener solución. Otra manera es contar historias de resiliencia cercanas, que hayan ocurrido en el país. Lo importante de estos relatos es romper el aislamiento y el sentimiento de orfandad, que ha aumentado por la pandemia, y seguir recreando los lazos comunitarios que nos dan sentido como país.
