Hace pocas semanas se divulgó el informe internacional más duro jamás escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que incluye casos rigorosamente investigados por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, instancia creada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de ONU. El trabajo de los investigadores no hubiese sido posible sin la participación de organizaciones venezolanas que desde hace años documentan, denuncian y difunden las graves violaciones a los DDHH que sufren los venezolanos de manera sistemática. Fueron el puente entre las víctimas y la Misión. Cepaz fue una de las que dio su aporte para que el mundo conociera en detalle lo que ocurre en Venezuela. En esta entrevista Beatriz Borges, directora ejecutiva, analiza las implicaciones del informe con miras a la obtención de justicia
¿Qué lectura tiene del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela?
Este informe es muy importante para la comprensión y conciencia, sobre todo a nivel internacional, de la comisión de crímenes que ya se venían planteando en Venezuela desde hace algunos años, pero que con este informe se concluye la necesidad de justicia y de determinación de responsables; envía un mensaje a quienes violaron derechos humanos en Venezuela de que hay una comunidad internacional y mecanismos de protección observando y que hay un mandato para eso, y además que hay un equipo técnico que de manera muy rigurosa está levanto toda la información de lo que nosotros hemos denunciado durante años.
¿A quién se refiere la Misión cuando le hace recomendaciones a la comunidad internacional?
Básicamente se está dirigiendo a organismos de carácter internacional desde la propia Naciones Unidas y otros, incluso organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las agencias y órganos de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad, pero además –y muy importante– le está haciendo un llamado a los Estados que aplican la jurisdicción universal, pues en vista de la gravedad de los crímenes éstos pueden ser juzgados a nivel universal y aquellos países que aplican esa justicia en su legislación pueden juzgarlos. Entonces, el llamado es amplio, pero también muy específico y preciso de cosas que pueden hacer para no solo darle seguimiento al informe sino para contribuir en este camino de determinación de responsabilidades penales, de inicio de procedimientos judiciales y también de búsqueda de justicia y sanción a responsables.
Es decir, que de acuerdo con la primera recomendación que habla de iniciar acciones legales contra los responsables, podría ocurrir que si alguna persona señalada en el informe llegase a viajar a algún país que aplique la jurisdicción universal podría ser detenida y juzgada por ese Estado?
Claro, es un proceso complejo, pero es justamente la posibilidad de que esas personas que fueron identificadas con nombres y apellidos puedan ser juzgadas en tribunales nacionales, y que aun cuando cometieron crímenes en Venezuela, pero que de alguna otra manera el acusado esté vinculado a la jurisdicción territorial nacional.
Otra de las recomendaciones va dirigida a la Corte Penal Internacional que está trabajando en el examen preliminar. La Misión le pide tener en consideración su informe para que se haga justicia a las víctimas. ¿De qué manera puede tomarlo en cuenta?
Lo que ha ocurrido en estos casos es que estos informes han servido para dinamizar, impulsar y agregar contenido al trabajo que está haciendo la Corte Penal Internacional con el examen preliminar. Está dentro de su competencia conocer este informe que es un elemento más para su investigación, aunque la Fiscalía de la CPI toma decisiones independientes, esto es solo una recomendación aun cuando es muy importante. Lo que hemos visto en otros casos, como por ejemplo Myanmar, es que ayudó a acelerar los procesos al facilitar información para la investigación.
¿Si la CPI decide que el caso Venezuela pase a la siguiente fase porque considera que sí hay elementos suficientes para iniciar la investigación de crímenes de lesa humanidad deberá necesariamente entrar al país?
No, recordemos que la Corte es un tribunal, todos esos procesos judiciales se hacen en la sede de la Corte aunque a través de los responsables, no se hace separado de la investigación, de la información y del responsable. Hay que citar a los responsables, presentar pruebas… es un juicio solo que a nivel internacional.
Al inicio mencionaba que los Estados miembros de la ONU tienen que cumplir un mandato de la organización, pero el Estado venezolano ni siquiera se ha aceptado cumplir las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada y no da muestras de que tomará medidas para evitar que se sigan cometiendo los crímenes que se señalan en el informe de la Misión. ¿Existen mecanismos más enfáticos en la ONU para que el Estado atienda sus recomendaciones?
Yo creo que lo que pasó con el informe de la Misión no es cualquier cosa, porque no solo constata las violaciones sino que determina los responsables y que abre un camino para que sean investigados y sancionados por la justicia, es un mensaje muy importante en la consecuencia que puede tener en la contención de estos hechos. Es cierto que en Venezuela los responsables siguen en el poder, que es un país donde no hay instituciones, no hay protección, donde la pandemia ha creado un escenario para más control; sin embargo, es un mensaje de contrapeso muy contundente, les está diciendo ‘Mira lo que sé, los estamos observando’, porque las personas que cometen violaciones a los derechos humanos van a tener que hacer frente a la justicia en algún momento porque estos delitos por su gravedad no prescriben y en algún momento, bien sea internacional o incluso si llega a darse un cambio político en Venezuela. Estas violaciones no van a quedar en la impunidad, es la aplicación de la justicia, aunque parezca tardía, para dar respuesta a las víctimas, llegar a la verdad, pero también una oportunidad de ofrecerles reparación y una garantía de no repetición.
¿Qué sigue a este informe?
Lo que sigue es mucho trabajo para darle continuidad a todo esto. No es cualquier cosa que se haya aprobado la extensión de la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que siga pendiente de la situación en Venezuela y a su vez se haya votado a favor de la resolución para extender el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela tras el contundente informe y que sea respaldada por el Consejo Derechos Humanos que le da un mandato a los Estados, eso es muy relevante, eso no se hace todo el tiempo, solo para casos extremos y graves, y ya son dos resoluciones en períodos seguidos. Es una respuesta al informe por la gravedad de su contenido, eso va a permitir documentar más víctimas y que se siga profundizando en temas que aún hay necesidad de saber más, por ejemplo la utilización de la violencia sexual y las dimensiones de género, y también da la posibilidad de preservar la evidencia para futuros juicios o para que sirva de apoyo para la jurisdicción universal. Frente a esto, muchos países van a evaluar estas recomendaciones internacionales de aplicación de la jurisdicción universal, y por supuesto tenemos que estar pendientes del desarrollo en la Corte Penal Internacional, por lo que es todo un camino pero se están dando grandes pasos para avanzar hacia la justicia.
¿Ha hablado con víctimas documentadas por la Misión de Determinación de la Hechos después de revelado el informe, sabe qué piensan al respecto?
Se sienten reconocidas, sienten que fueron escuchadas por una instancia internacional, de alguna forma incluso ya ven respuesta en la existencia del informe. No hay manera de devolverles a sus familiares o reparar el daño que se les hizo, pero sienten un alivio de que todo lo que dijeron por tanto tiempo en Venezuela -y que por denunciarlo fueron perseguidos y no obtuvieron justicia- hoy en día los reconoce un organismo internacional. Una de las víctimas comentó: ‘El informe dice algo que siempre supe, pero que nunca pude demostrar en Venezuela’, eso es muy poderoso porque ahora hay un informe internacional que reconoce cómo han sido los casos de esas violaciones con detalles, pruebas y los nombres de los responsables.
¿Y qué siente usted de este resultado?
Este trabajo con las víctimas me genera sentimientos encontrados; por un lado es muy fuerte emocionalmente escuchar testimonios tan rudos porque son personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, no son letras en un informe y, por otro, haber hablado con las víctimas tras el informe da una gran satisfacción porque aun cuando es muy duro es también reivindicativo, son horas y horas de trabajo y saber que sí funciona, que hay una respuesta internacional, demostrarles a las víctimas que lo que les pasó no quedó en el olvido y que seguimos avanzando para que de una manera u otra manera ese horror se pueda convertir en esperanza.
