En diciembre de 2017 comenzó el asedio hacia el coronel de la Guardia Nacional Pedro Javier Zambrano. Cuatro veces ha sido detenido, tres de ellas liberado. Actualmente está en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta Caracas. Su familia y defensa piden su liberación como preso político, pero ni siquiera ha sido atendida su solicitud de que sea trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, donde hay mejores condiciones de reclusión y tiene acceso a médicos.
El militar, oriundo del estado Táchira, ha sido señalado de estar involucrado en los casos del Fuerte Paramacay (2018) y en el supuesto intento de magnicidio con drones (2018). De las dos primeras detenciones (diciembre 2017) nunca se conoció el motivo, tras ser obligado a permanecer sentado en una silla sin moverse por 10 horas la primera vez y 15 horas la segunda, privado de agua y alimentos, simplemente le ordenaron irse sin darle explicaciones.
El 25 de enero de 2018, cuando iba camino a su trabajo como director de la Escuela de Formación de Guardias ubicada en La Guaira, fue detenido sin orden de captura por funcionarios de DGCIM. En la noche llegaron a su casa a practicar un allanamiento, apuntaron con armas a los dos hijos del coronel, de 8 y 9 años de edad para ese momento, el varón fue encerrado en el baño y le preguntaban dónde estaban las armas de su papá. No hallaron nada de interés criminalístico. Aun así por 7 días nadie supo de él, aunque su hermana recibió una llamada anónima en la que le decían que estaba en la DGCIM, hasta el 1° de febrero cuando fue trasladado al Tribunal Militar Tercero de Control. “Llegó con evidentes signos de tortura, se levantó la camisa y en la cintura se le veían las quemaduras de las descargas eléctricas, relató que fue golpeado con tablas en la planta de los pies y en los glúteos, y que también recibió electricidad en los testículos. Además, fue privado de agua y alimentos”, evoca su hermana Venecia Zambrano.
En esa audiencia le imputaron cuatro delitos: traición a la patria, rebelión, asalto a centinela y sustracción de bienes pertenecientes a la Nación en grado de cooperación, vinculándolo en caso del asalto al Fuerte Paramacay. Un mes y medio después recibió sobreseimiento de los primeros tres delitos. Fue enviado de vuelta a la DGCIM donde continuaron las torturas y los tratos crueles. También estuvo en Ramo Verde donde fue golpeado fuertemente en la espalda. De allí que el deterioro de su estado de salud comenzó a ser evidente, estaba golpeado, las piernas hinchadas, orinaba sangre, cuando podía, porque tenía dificultades para orinar, por lo que la defensa solicitó traslado a un centro de salud. En el hospital militar Carlos Arvelo le fue detectada una enfermedad renal crónica, infección del trato urinario y hematuria (sangre en la orina), por lo cual amerita atención médica permanente, tratamiento y alimentación especial. Se solicitó al juez revisión de la medida privativa de libertad por razones humanitarias, el 22 de junio se le otorgó medida cautelar con presentación en tribunales cada ocho días.
El encuentro con sus dos hijos y sus padres era lo primero en la agenda –el coronel es viudo desde 2016 cuando se esposa falleció víctima de cáncer, y sus dos hijos mayores están fuera del país con su mamá por temor a persecuciones–. Así que salió de parcialmente libre a recibir tratamiento médico y a recuperarse al lado de su familia. Pero la tranquilidad duró poco. El Día de la Guardia Nacional, 4 de agosto, ya sintiéndose un poco mejor, fue de paseo al teleférico con toda su familia, hasta sus hermanas y sobrinos estaban, al bajar compraron pan para hacer perros calientes. Cenaron y el militar se fue a acostar. A las 9:30 de la noche llegaron a la casa tres hombres que se identificaron de la DGCIM –aunque no portaban credenciales ni uniforme- a buscar al coronel, lo buscaron en todos los cuartos, sin la violencia de la primera vez, y se lo llevaron junto con un teléfono que no era de él. Horas antes habían ocurrido los confusos hechos en la avenida Bolívar de Caracas durante el acto por la conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional, en los cuales explotaron drones sobre los pelotones y cerca de la tarima presidencial.
“Mi hermano le dijo a mi mamá que se quedara tranquila, que él iba con los supuestos funcionarios a ver qué estaba pasando, pero allí comenzó su cuarta desaparición, pues no supimos nada de él por 9 días, hasta el 13 de agosto cuando fue presentado de nuevo con signos de tortura ante el Tribunal Especial Primero de Control con competencia en casos de terrorismo, a cargo de la juez Carol Padilla”. Así, el coronel Zambrano pasó a formar parte del mismo caso por el cual detuvieron a 6 personas, entre ellas el diputado Juan Requesens y otros militares y civiles. “La defensa le pidió al juez que viera el estado en que mi hermano se encontraba y lo dejara sentado en el expediente, pero lo que se obtuvo fue un estudio forense en el que dice que estaba en buenas condiciones, relata Venecia Zambrano.
Al salir de la audiencia de presentación, un día después, el 14 de agosto, le imputaron los delitos de homicidio calificado en grado de frustración contra Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra siete militares de la Guardia Nacional, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria. El tribunal decretó medida privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión la cárcel militar de Ramo Verde. “La defensa no tuvo acceso a las actas del expediente porque se declaró la reserva de las actuaciones, prorrogado hasta el 15 de septiembre del mismo año, vencido el lapso, tampoco se le permitió porque el tribunal no dio despacho sino hasta noviembre sin ninguna justificación”.
Tras la audiencia, el coronel Zambrano estuvo incomunicado durante 46 días, su familia y defensa volvieron a saber de él en febrero de 2019 cuando fue trasladado a tribunales y al igual que las veces anteriores estaba golpeado. “Es increíble cómo ese cuerpo represor maltrata, tortura, se denuncia pero pareciera que las instancias se hacen de oídos sordos, se les dice a los jueces pero ellos argumentan que no es competencia de ellos. En uno de esos traslados tenía la cara y toda su piel pelada, incluso a veces lo han trasladado con sonda porque él tiene problemas renales a raíz de los golpes que ha recibido en prisión. Mi hermano ha sido torturado terriblemente en las dos últimas detenciones, lo mantuvieron en un cuarto 2×2 donde recibió muchos golpes, orinaba en un frasco, lo privaron de alimentos por 7 días, él se ubicaba debajo del aire acondicionado para poder consumir aunque sea una gota de agua que cayera”.
Las audiencias por el caso del magnicidio fueron diferidas por lo menos en 26 oportunidades y por lo menos otras 5 no pudieron celebrarse porque el Sebin no cumplió con la orden de traslado de los imputados a tribunales. Luego el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el funcionamiento de los tribunales a través de una resolución por motivo del decreto de estado de alarma debido al COVID-19.
“Como familiares de presos políticos estamos en un en un callejón sin salida, ya no sabemos a quién más recurrir porque hemos denunciado hasta ante la ONU y Corte Penal Internacional, hemos sido recibidos por funcionarios de la ONU y no vemos progreso, ellos dicen que hacen hasta donde el régimen les permite. Yo celebro la liberación de días pasados a presos políticos, pero a los militares no los han tomado en cuenta, ellos también son seres humanos y esta tragedia se extiende a toda la familia. Sus hijos están creciendo sin madre porque murió y sin padre por culpa del régimen”, lamenta Venecia Zambrano.
El 13 de marzo 2019 supuestamente los oficiales de la ONU iban a visitar varios sitios de reclusión entre ellos la DGCIM. “Empezaron a hacer arreglos en los techos, a pintar, etcétera, y a ocultar la situación que ya sabemos que ocurre allá, donde los privan de agua, los alimentos son muy pocos, en algunas celdas los mantienen con luz prendida todo el día… En una de esas oportunidades que iban a ingresar los de la ONU llevaron al techo a los detenidos y después de tanto tiempo en que mi hermano no recibía luz solar pues se insoló, y resulta que no dejaron entrar a los comisionados de la ONU. Se les ha insistido en varias oportunidades, incluso durante la pandemia, que visiten ese terrible sitio de reclusión del régimen, pero lo que dicen ellos es que no tienen permiso para ingresar”.
El 20 de abril de 2020 sin aviso a sus familiares ni abogados, el coronel Zambrano desapareció de la cárcel de Ramo Verde. “Luego de transcurridas 72 horas tuvimos conocimiento de que había sido depositado en los sótanos de DGCIM de Boleíta otra vez, donde permanece hasta nuestros días”, relata la hermana.
En una breve llamada que le permitieron hacer a su familia durante la cuarentena, el militar les comentó que había perdido entre 12 y 13 kilos de peso por su mala alimentación –apenas le permiten recibir algunos enlatados y agua– y el estrés que le produce no ver a sus allegados, sobre todo a sus hijos.
“Es como una pena de muerte, lo están matando poco a poco”.
