El Foro Penal es la organización que más se ha dado a la tarea de visibilizar –de día, noche o madrugada– la situación de los presos políticos en Venezuela. En 2019 su vicepresidente y cofundador, Gonzalo Himiob, se convirtió en el único venezolano reconocido con el Premio Al Valor Civil (Civil Courage Prize), otorgado por la Fundación Train “a personas cuyos actos demuestran firme resistencia al mal con gran riesgo personal”. En esta entrevista analiza las consecuencias de la aplicación del decreto de estado de alarma por el COVID-19 en los derechos humanos de la población, las condiciones de reclusión de los presos políticos durante la cuarentena y las recientes liberaciones ordenadas por el Ejecutivo
—¿Desde que entró en vigencia el decreto de estado de alarma ha cambiado en algo la situación de los presos políticos en Venezuela?
—La represión no ha cesado, se mantiene igual, como no se están produciendo manifestaciones políticas masivas la represión se ha focalizado en las protestas puntuales que se dan todos los días en todo el país por la falta de servicios públicos como gasolina, luz, agua, etcétera. Y también ha habido una represión muy focalizada y muy selectiva hacia ciertos liderazgos sociales y políticos con miras a su neutralización. Lo otro que ha cambiado es que desde marzo básicamente la justicia está paralizada en Venezuela, los tribunales están trabajando muy a media máquina, cuando trabajan, en general un tribunal da despacho cada dos o tres semanas y eso es absolutamente insuficiente para plantear las solicitudes, particularmente en el caso de los presos políticos.
Y tenemos también una situación delicada desde el momento en que se decretó el estado de emergencia y es que quedó prohibida la visita a todos los reclusos en el país, de manera que no hay cómo verificar la situación de los presos políticos –civiles y militares– ni por parte de sus familiares ni de sus abogados, y eso obviamente genera muchas inquietudes y angustias, lo único que tenemos son las declaraciones o informaciones de las autoridades de esos centros de reclusión y por lo general esa información no es confiable. Por lo tanto, el acceso a la justicia, las solicitudes que se plantean y la posibilidad de atender jurídicamente una causa está muy limitada, casi inexistente.
—En los casos de los presos políticos, bien sea civiles o militares, que presentan padecimientos de salud previos a la llegaba del COVID-19 al país ¿conoce si han recibido algún tipo de atención especial de sus condiciones de reclusión?
—No. Ninguna de las solicitudes que se han hecho para que los presos sean vistos por médicos o que se tomen hacia ellos medidas preventivas o tratamiento durante estos meses ha sido atendida, pero no solo por el gobierno, sino ni siquiera por la Cruz Roja Internacional a quienes acudimos en marzo para pedirle que se pusiera en contacto con el gobierno para articular lo necesario a fin de prevenir la propagación del coronavirus en las cárceles y para que tomará medidas con los presos que ya estaban enfermos de otras patologías. Eso tampoco ha obtenido respuesta, ha sido muy difícil que haya respuesta tanto de organismos nacionales como internacionales sobre este tema. El único que ha dado respuesta y ha estado muy pendiente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia OEA a través de su secretario general ha hecho muchos planteamientos y solicitudes, porque incluso en los reportes de 2020 de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU el tema de la salud de los presos pasó por debajo de la mesa y eso nos preocupa mucho.
—Sin embargo, la resolución del TSJ a raíz de la declaratoria del estado de alarma señala que el sistema de justicia estará activo para los casos de “extrema urgencia”. ¿Al estar comprometida la salud de los presos, bien sea políticos o comunes, no deberían ser considerado casos de extrema urgencia?
—El problema es que aun cuando el Tribunal Supremo ha ratificado eso varias veces a lo largo de la cuarentena no ha dicho expresamente qué debe ser urgente o no. A través de nuestra representación en las regiones sabemos que en cada estado lo están manejando con criterios distintos y eso se presta para muchos abusos e imprecisiones. Para nosotros todo lo que tenga que ver con la salud de los presos es urgente abierto.
—Desde hace varios días se ha comentado de posibles casos positivos de COVID-19 en los centros de reclusión, ¿conoce cuál es la situación al respecto?
—La organización Una Ventana a la Libertad pudo constatar por fuentes oficiales la presencia de coronavirus en algunos reclusos que permanecen en cárceles y comisarías policiales, pero ¿qué ha pasado con los presos políticos? Hemos recibido reportes informales de algunos de ellos que presentan algunos síntomas que parecieran ser de coronavirus, pero el problema está en que no hay ninguna manera de confirmarlo, por eso acudimos a la Cruz Roja Internacional y a los tribunales para que nos confirmen si eso es verdad y se informe qué están haciendo para el tratamiento y la prevención. Pero no hay manera de saberlo porque ni siquiera están dejando entrar a la Cruz Roja, y claro, hay alta posibilidad de que se presenten casos porque allí hay custodios y personal administrativo que entran y salen.
—Al inicio de la cuarentena el Foro Penal denunció el aumento de detenciones arbitrarias bien sea por protestas por fallas en los servicios públicos o de personas vinculadas de alguna manera algún dirigente político o de personal de salud que denunciaba determinada situación en los centros hospitalarios. ¿Qué cifras registraron de estos hechos?
—Nada más hasta el28 de agosto había 267 personas detenidas en el contexto de la cuarentena por motivos como protestas por fallas de servicios básicos, escasez de gasolina, algún tipo de relación con líderes de la oposición, publicaciones en redes sociales de tipo político y sobre el COVID-19, publicaciones en Whatsapp, incluso detenciones a familiares o amigos de algún solicitado. Hubo casos de señalamientos de conspiración y rebelión, y aplicación de ley del odio.
—¿Qué impacto tiene la paralización del sistema de justicia por cuarentena en los casos detenciones preventivas de presos políticos o presos de conciencia?
—En esos casos algunas veces los mecanismos se activan, pero casi que hay que hacer guardia en los tribunales, fue el caso de Nicmer Evans, que fue detenido el 13 de julio y cuatro días después fue su audiencia de presentación; sin embargo, después de eso no supimos más nada de él hasta el momento de su liberación, prácticamente un mes y medio después, hay otros que esperan semanas para que los presenten en tribunales y a otros incluso los excarcelan sin siquiera haberlos judicializado… Así estamos porque la justicia está paralizada.
—¿Por qué cree que desde que entró en vigencia el decreto ese estado de alarma ha aumentado mucho más la represión y la intolerancia, incluso estando presentes en el país los oficiales de la Misión de Determinación de los Hechos?
—Porque como la gente no puede salir normalmente de su casa y el acceso la justicia está cerrado es más fácil reprimir, es más fácil mantener el esquema de represión porque el poder sabe que los abogados muchas veces no podemos movernos de un municipio a otro por las medidas restrictivas de la cuarentena además de la falta de gasolina en todo el país. Incluso este escenario se disparó el uso de la llamada “Ley contra el Odio”
—¿Qué opinión tiene de la liberación de un grupo de presos políticos de manera repentina y del hecho de que desde el poder se le denomine «indulto»?
Nos llama la atención que el grueso de estas personas no había sido sentenciada, lo que en este caso lo que ocurrió es la figura que se conoce como indulto procesal que se otorga a personas que no han sido señaladas como responsables de ningún delito, es algo muy sui generis, atípico, aunque está establecido en la legislación tiene muchas críticas porque implica la intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pero en todo caso en un contexto como el de Venezuela, en el que no existe Estado de Derecho, donde las normas y las reglas no se respetan, cuando se produce liberaciones de personas detenidas por motivos políticos todo paso hacia la libertad es un buen paso.
—¿Qué demuestra el hecho que dejen sin efecto los expedientes y los supuestos cargos que les imputaban a estas personas?
—Es un reconocimiento expreso del poder de que estos casos son definitivamente persecuciones y detenciones por motivos políticos. Es una confesión clara de que en Venezuela la persecución y prisión por motivos políticos existe.
—¿Las personas liberadas podrían intentar acciones contra el Estado por haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, tratos crueles, torturas, desapariciones, y otras violaciones a sus derechos humanos?
—Claro, definitivamente el hecho de que 50 personas hayan obtenido la libertad plena como les correspondía desde el comienzo no implica que no se les hayan violado sus derechos humanos, por lo que perfectamente pueden solicitar que se declare no solo la responsabilidad del Estado por violaciones graves a los derechos humanos, sino que eventualmente la Corte Penal Internacional declare las responsabilidades penales individuales de quienes hayan cometido esos crímenes.
—Muchas veces la gente se siente por un lado esperanzada en las organizaciones que llevan a instancias internacionales las denuncias de las violaciones, pero por otro se desalientan al ver que no pasa nada. ¿Qué alcance tiene el hecho de presentar las denuncias en organismos internacionales?
—Lo que pasa es que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Cuando existe un informe como el de 2019 de la ONU que señala que en Venezuela hay presos políticos, que hay tortura e incluso que hay indicios de que se están cometiendo delitos de lesa humanidad se está dando un paso agigantado hacia la justicia en el momento en que esa justicia llegué. La gente que se desanima es porque lo interpreta como que no pasa nada porque quiere un resultado inmediato, pero si se revisan los procesos en materia de justicia derechos humanos y justicia internacional se podrá ver que nunca son inmediatos. Lo que hay que ver es que lo que se está diciendo sobre Venezuela está siendo validado y corroborado por instancias internacionales, y luego que todo este acervo probatorio va a servir para el momento en el que se pueda hacer justicia que evidentemente va a llegar, tal vez no mañana o pasado como lo quieren muchas personas, pero sí va a llegar. Es comprensible que la gente se desespere por la gravedad de las cosas que ocurren, pero sí se ha avanzado, hace cinco años se hablaba de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la gente te hacía una mueca y creía que era una exageración, hoy por hoy tenemos un examen preliminar abierto que va en su segunda fase en la Corte Penal Internacional.
—¿Desde que se creó el Foro Penal cómo ha cambiado la situación de los derechos humanos en Venezuela?
—Lamentablemente se ha incrementado de manera muy grave la violación de los derechos humanos en todos los niveles y particularmente desde 2014 se ha intensificado. Estamos en una situación en materia de respeto a los derechos humanos bien comprometida y no pareciera que en el corto plazo esta situación fuese a cambiar.
—Aún con ese panorama adverso siguen trabajando… Sí claro, es nuestro trabajo y queremos seguir haciéndolo, es el grano de arena que queremos poner por nuestro país. El día de mañana lo que me daría pena es que mis hijos me preguntaran qué estaba haciendo yo mientras ocurría todo esto y yo tuviera que responder que no estaba haciendo nada. Al final ya no estamos luchando por nuestro presente o nuestro futuro, sino por el de ellos, el de nuestros hijos.
