Recientemente el nombre del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta ha vuelto a resonar en la palestra pública, sobre todo en las redes sociales y los medios digitales. El militar está detenido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde el 18 mayo de 2018, dos días antes de las ilegítimas elecciones presidenciales. Su familia constantemente hace denuncias sobre el caso en los medios de comunicación, aún así no es de extrañar que ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos que ocurren cada día en Venezuela la población olvide algunos nombres de los 127 militares presos por motivos políticos que hay actualmente en el país (de acuerdo con cifras del Foro Penal). Por eso, y por tener cinco meses sin conocer las condiciones en que se encuentra, la familia del capitán De La Sotta emprendió una nueva campaña para exigir que las autoridades den fe de vida, pues desde que inició la cuarentena por el COVID-19 ni familiares ni abogados han tenido acceso a él.
Luis De la Sotta era el segundo comandante de la Octava Brigada del Mar, en la Base Militar de la bahía de Turiamo, estado Aragua, cuando fue llamado a un interrogatorio sorpresivo en la misma sede militar. Pero en lugar de su superior lo esperaban ocho hombres fuertemente armados que lo trasladaron de manera abrupta en helicóptero hasta Caracas. No tuvo oportunidad de avisar ni a su familia ni a algún abogado.
En esos días preelectorales de mayo de 2018 se desató una persecución política en la cual por lo menos 50 militares, entre ellos dos generales, fueron detenidos arbitrariamente por razones políticas, de acuerdo con reportes de la prensa. La causa en la cual involucraron a De La Sotta fue denominada “Armagedon” y, según dijo Nicolás Maduro durante una ceremonia militar posterior a su ilegítima reelección, “están convictos y confesos», y formaban parte de una conspiración en su contra promovida por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
La hermana del capitán, Molly De La Sotta, denuncia que el oficial de la Armada fue torturado durante cuatro días en un cuarto llamado “El tigrito”, donde le exigían firmar un documento en el que se declaraba culpable de participar en una supuesta conspiración liderada por María Corina Machado.
Transcurridos esos cuatro días de su detención fue llevado ante la juez Claudia Carolina Pérez de Mogollón, titular del juzgado Primero de Control Militar en Fuerte Tiuna, allí estaba una fiscal y un defensor público. El detenido usaba la misma ropa del día de su detención, estaba golpeado, ensangrentado y a simple vista se le veían heridas. Allí declaró que fue torturado. Sin mostrar pruebas ni resultados de alguna investigación fue enviado a los sótanos de la DGCIM, imputado por traición a la patria, instigación a la rebelión, delitos contra el decoro militar y motín.
Su hermana Molly afirma que a su retorno de la presentación ante la juez lo recluyeron 32 días en una celda denominada “El cuarto de los locos”, un lugar frío y oscuro donde permaneció en el piso, le infringían más torturas y tratos crueles, y los verdugos lo amenazaban con torturar a sus familiares si no se declaraba culpable de haber traicionado la patria y colaborado en un plan conspirador. En ese mismo lugar comió –cuando permitían el ingreso de alimentos–, durmió en el suelo e hizo sus necesidades. Allí estuvo con otros presos, les abrían la puerta para bañarse –sin jabón– una vez a la semana en unas duchas comunes. Fue después de esos 32 días que pudo ver por primera vez a su mamá.
A De La Sotta le raparon el cabello, lo asfixiaron con bolsas plásticas, lo mantuvieron esposado con las manos hacia atrás por varias semanas, las muñecas quedaron tan lesionadas que perdió la sensibilidad en las manos, una estaba tan rígida que no podía moverla. Por los golpes está sordo de un oído, tiene lesiones internas, varias veces que lo visitaron se le veía sangre en la ropa, ha perdido entre 15 y 20 kilos de peso. Sufre hipertensión, cálculos renales, problemas respiratorios y presenta hongos en la piel, pero la atención médica es prácticamente nula, explica su hermana.
En los primeros 5 meses solo recibió una vez la visita del defensor público que le asignaron, le recomendó que se declarara culpable y evitara el proceso en su contra. No se le permitió el derecho a la defensa privada. Durante todo ese tiempo el subdirector de la DGCIM era el general Christopher Figuera, ahora desertor del régimen y quien niega que bajo su cargo hayan ocurrido torturas. Sin embargo, las condiciones para muchos de los presos en esos sótanos cambiaron cuando el general Hannover Guerrero fue nombrado director, pues durante su gestión ocurrieron torturas tan crueles como las que llevaron a la muerte al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y al suicidio del sargento segundo Luis Monsalve Estaba.
En diciembre de 2018, siete meses después de su detención arbitraria, se efectuó la audiencia de presentación después de siete diferimientos. En esa oportunidad le retiraron dos cargos y le mantuvieron la imputación de instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar, sin pruebas, y lo mandaron a juicio, aunque pasados casi dos años no se ha efectuado. “Van dos años que mi hermano está sin juicio y por las leyes venezolanas ya le corresponde un decaimiento de la pena”, señala Molly De La Sotta.
Mientras el país recibía el año 2020 con expectativas, algunos con resaca y festividad, los sótanos de la DGCIM estrenaban espacios renovados para diversificar y expandir el terror. “La casa de los sueños” es un conjunto de 16 celdas de 3 metros por 2 construidas en un sótano nuevo, allí las puertas son de hierro (les bautizaron “Bachelet”). Dentro de cada celda hay una litera, un retrete y un lavamanos, no hay ducha. A una de estas fue trasladado De La Sotta el 1° de enero junto a otros 10 militares presos.
Las restricciones a las comunicaciones en los sótanos de la DGCIM son la norma, pues aunque al capitán De La Sotta muy eventualmente le permiten hacer una llamada es de apenas un minuto de duración, desde la oficina de un funcionario con un custodio al lado y usando el altavoz, no con la privacidad que exige la norma. Incluso, en enero fue trasladado encapuchado y esposado para hacer la corta llamada familiar. Sin embargo, desde el 6 de mayo cuando le permitieron salir unos minutos a tomar sol no ha habido más llamadas, y la última vez que su madre pudo verlo fue el 14 de marzo en una visita de dos horas, una menos de lo permitido.
A lo largo de dos años De La Sotta ha sido sometido a aislamientos prolongados y privación de alimentos. Una de las mayores interrogantes y preocupaciones de la familia actualmente es qué está comiendo, pues en la DGCIM no hay comedor ni cocina para los detenidos, y desde que inició la cuarentena solo en tres ocasiones les han permitido ciertas concesiones: la última vez fue el 1° de mayo cuando los familiares pudieron entregar agua, una lata de atún, una botella de suplemento Ensure y un paquete de galletas. Los funcionarios dijeron que llamarían en un mes para recibir más insumos. Esa llamada no ha ocurrido.
Por toda esta situación que los mantiene a ciegas respecto a su familiar es que los De La Sotta ya no se conforman con las escasas llamadas eventuales y muy poco confiables: «Necesitamos saber en realidad qué está pasando allí, hasta que no veamos a mi hermano no podemos confiarnos, queremos verlo, necesitamos que lo saquen de allí y que le den medidas humanitarias porque su vida, así como la de las demás personas que están en esos sótanos, a veces sin aire acondicionado ni comida ni agua potable, corre peligro», afirma la hermana del detenido.
Hace pocos días denunció en las redes sociales que el general Carlos Terán Hurtado -a cargo de la DGCIM de Boleíta- niega atención médica a su hermano quien desde hace 6 meses debió ser trasladado a urología y recibir antibióticos, y en julio le ratificaron la presencia de litiasis renal. Con la emergencia sanitaria por el COVID-19 los familiares acudieron alarmados ante la Fiscalía al saber que unas pruebas que realizaron en la DGCIM dieron positivas. El fiscal general asignado por la Asamblea Constituyente, Tareck William Saab, nombró a una fiscal para que atendiera el caso, pero cuando acudió no la dejaron entrar.
En dos años la familia De La Sotta ha recurrido a todo: han solicitado traslados que no son atendidos, han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2018 cuando el régimen venezolano aún tenía representación en la OEA, han denunciado el caso ante el Grupo de Trabajo contra la Tortura de las Naciones Unidas, que emitió un documento el 5 de marzo de 2020 el cual aún espera respuesta, y han presentado el caso ante los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos. «No hemos logrado ninguna acción contundente… Estamos exigiendo desde hace más de un mes que estos representantes acompañen a las familias a la DGCIM, pero ellos argumentan que no los dejan entrar, la misma señora Bachelet lo dijo en su informe que nos los dejan entrar ni en la DGCIM ni el el Sebin, ni a los médicos de la Cruz Roja les permiten el ingreso. Sin embargo, es determinante la participación de los organismos internacionales».
Molly De La Sotta creó una organización denominada «Familiares de presos políticos militares en Venezuela» (FPPMVE) para agrupar los casos de cientos de uniformados venezolanos que como su hermano están tras las rejas, confinados en sótanos y víctimas de violaciones a sus derechos más fundamentales, sometidos a procesos judiciales viciados y sin pruebas en su contra.
“Es demasiado injusto, muy violento lo que está pasando, y no tenemos quién nos defienda porque la sociedad civil no quiere al militar y los políticos no quieren al militar, es muy difícil para los familiares de los militares detenidos».
A través de esa organización, el 21 de agosto de 2020 remitió una comunicación a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en la cual le explica: «No hemos recibido ni el apoyo para la protección de sus derechos (de los presos políticos militares) ni el resultado positivo de las innumerables reuniones de sus oficiales con las «autoridades» de 21 instituciones del Estado, ni la mejora en el servicio de dichas Instituciones que reciben los talleres impartidos a los funcionarios cómplices de tortura, tratos crueles e inhumanos. Todo lo contrario, los abusos por parte de esas autoridades se han incrementado y sus oficiales en Venezuela lo único que responden cuando denunciamos es: «Le trasladaremos a las autoridades sus preocupaciones”, y cuando preguntamos cuál ha sido la respuesta dicen: “Aún no han contestado”.
Por ende, denuncia el incumplimiento por parte del Estado venezolano de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos del 26 de septiembre del 2019, y además expresa indignación a las palabras de la Alta Comisionada en su informe oral de julio 2020 cuando indicó: «la ACHUDH acoge con agrado el aumento de la cooperación con las autoridades para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a su presencia en el país”, pues según sus palabras las violaciones de derechos humanos han aumentado pesa a las denuncias. //
