Los patrones de persecución contra los parlamentarios de oposición legalmente electos no han cesado ni siquiera por la pandemia del COVID-19, los exhortos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y los compromisos asumidos por el Estado con esa instancia a raíz de su visita a Venezuela. Las normas constitucionales establecen que la libertad es un derecho inviolable y que su excepción será cuando una persona sea sorprendida en flagrancia o cuando haya una orden judicial. Contra los legisladores Juan Requesens, Antonio Geara, Renzo Prieto y Gilber Caro no ha aplicado esa premisa, y menos aún con los dos últimos que han sido encarcelados, excarcelados y vueltos a encarcelar durante los años de Nicolás Maduro en el poder. Recientemente, sus familiares y abogados han denunciado el empeoramiento de las condiciones de reclusión, incluso torturas y tratos crueles
