El artículo 339 de la Constitución señala que la declaratoria de estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público, pero en Venezuela el Poder Judicial está prácticamente paralizado, pues la resolución del Tribunal Supremo prevé que los tribunales sólo atiendan casos de extrema urgencia, aunque no ha establecido cuáles entran en esta categoría. El abogado y director de Acceso a la Justicia analiza los efectos de esta medida prolongada durante lo que va de cuarentena y advierte que se trata de una nueva violación a los derechos humanos de la población
⎯¿Es correcto e inevitable que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 esté se paralizada la administración de justicia en Venezuela?
⎯No, la pandemia ha puesto en evidencia el verdadero valor que el Poder Ejecutivo le da al Poder Judicial porque todo el aparato estatal ha seguido funcionando, incluso la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Ciudadano -Defensoría, Fiscalía-, a excepción del sistema de justicia, eso demuestra la escasa o nula valoración que se tiene del Poder Judicial, nos están diciendo que el Estado en Venezuela puede tranquilamente vivir sin el Poder Judicial y por ello solo mantiene un mínimo indispensable, esto es los juzgados para los casos de flagrancia y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para que dicte las sentencias que permitan la continuación de las políticas de control de la sociedad como, por ejemplo, hacer unas elecciones a la medida, con el árbitro que le conviene, con la oposición que le conviene y las reglas que le conviene. Pero en medio de todo esto hay todo un espectro de Derecho que queda sacrificado, y es tan así que la Alta Comisionada lo mencionó en su reciente informe.
⎯¿Sin embargo, la resolución del TSJ por el estado de alarma señala que los tribunales estarán disponibles para casos de extrema urgencia…
⎯La resolución del TSJ dejó a criterio de los presidentes de los circuitos judiciales la decisión de las medidas para garantizar la protección de las situaciones de urgencia, pero a estas alturas, pasados cuatro meses de la cuarentena, no se saben cuáles son esas medidas ni queda claro cuáles serán esas situaciones de extrema urgencia que atenderán los tribunales, ni la justicia militar está respondiendo ante la solicitud de amparos, eso demuestra que la justicia en Venezuela no está a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, en España en medio de lo peor de la pandemia se recibieron amparos en contra de las medidas que tomó el gobierno; en Alemania se había prohibido el derecho de reunión en prevención, pero un tribunal le dijo al gobierno que no podía ordenar esa prohibición, que si la gente tomaba las medidas requeridas se podían reunir, eso son sistemas de justicia que funcionan. Pero para no decir que eso es cosa del Primer Mundo, en Costa Rica, que tiene una población menor a la de Venezuela, los tribunales siguen funcionando. En tal caso los tribunales aquí han debido aprovechar este tiempo para ponerse al día con las sentencias, para eso solo se requiere revisar los expedientes y escribir en una computadora.
Un ejemplo de lo grave de la situación: Cecodap, que es una organización dedicada a los derechos de niños, niñas y adolescentes, ha dicho con preocupación que si hay un niño bajo riesgo de ser abusado o maltratado no hay en estos momentos manera de interponer una medida cautelar o de amparo en un tribunal. Eso demuestra la importancia de que los tribunales funcionen, porque la justicia no es solo detener a delincuentes en flagrancia, sino también tiene una función cautelar que con esta suspensión queda violada.
⎯No se ha conocido que el sistema de justicia esté funcionando de alguna forma a distancia o por alguna plataforma digital?
⎯No. Y de hecho, el único tribunal que tiene un supuesto sistema para interponer recursos de amparo online es el Tribunal Supremo pero, por ejemplo, ha ocurrido que niños han sido detenidos por no cumplir la cuarentena y no hay cómo introducir un habeas corpus porque los tribunales no han creado opciones en línea ni siquiera a través de correos electrónicos para tramitar esos casos. Son muchas las dimensiones de los derechos afectados, y lo que más nos preocupa es el tema de las medidas cautelares, por ejemplo, hay otra población muy afectada en estos momentos que son las mujeres expuestas a violencia porque están confinadas con su agresor, el Tribunal Supremo no ha hecho nada para que ante casos de este tipo se pueda interponer una medida en un tribunal para obtener protección, sino que se espera a que la maten para juzgar a la persona que cometió el crimen; de nuevo, justicia no es solo condenar a un delincuente, sino evitar que el delito se cometa.
⎯Qué está ocurriendo en el caso de las personas que estaban detenidas previamente a la cuarenta o de quienes fueron aprehendidos por incumplir las medidas ordenadas por el estado de alarma?
⎯Ha habido una paralización total, con escasas excepciones que han continuado como el caso del sindicalista Rubén González (detenido en noviembre de 2018 y sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión en agosto de 2019), cuyo proceso está en Corte de Apelaciones de la justicia militar, pero en la práctica los tribunales están paralizados, por eso los Colegios de Abogados piden la reactivación del sistema de justicia, pues hay una doble afectación ya que además de los detenidos con procesos en suspenso, los abogados tienen paralizado el ingreso económico que se deriva del ejercicio de la profesión. Aunque hay muchas condiciones físicas y telemáticas con las que no se cuentan y es cuesta arriba resolverlas, lo que piden los abogados es que se haga algo, lo que se pueda, pero no quedarnos en la paralización, porque a cuatro meses de iniciada la cuarentena el TSJ no ha hecho nada.
⎯La defensa de varios presos políticos han denunciado recientemente que no se atienden las solicitudes de medidas sustitutivas de libertad ya que algunos presentan complicaciones de salud, incluso desarrolladas a consecuencia de la detención, que los pone en mayor riesgo ante el COVID-19. Incluso, hace pocos días hubo una denuncia de tortura y trato cruel en la cual la Fiscalía de Derechos Fundamentales respondió a una abogada que el caso entraría en la lista de los demás porque están trabajando por guardias y todos los casos se tratan por igual. ¿Estos casos no deberían ser considerados de extrema urgencia?
⎯Es que la estructura del sistema judicial venezolano está construido para generar impunidad de manera que el detenido, bien sea común o preso político, tenga que navegar en contra del sistema para demostrar que es inocente o que sus derechos están siendo violados. Pero en el caso particular de los presos políticos se convierte en política de Estado porque a ellos se les trata como enemigos internos y, por ende, se les desconocen sus derechos sin tener en cuenta que la Ley sobre la Tortura indica que los funcionarios deben tomar todas las medidas para evitar que la tortura se cometa, no solo para sancionarla, entonces si en la Fiscalía le dicen a un abogado que denuncia un caso de tortura o trato cruel contra su defendido ‘ponte en la cola’ es no hacer nada para impedir que ese delito sea combatido.
⎯Conociendo la realidad del sistema de justicia venezolano y sus limitaciones, qué capacidades reales tiene para funcionar en medio de la emergencia sanitaria?
⎯Obviamente, hay muchas limitaciones, por ejemplo, el tema del transporte, funcionarios que no pueden trasladarse entre municipios, pero pudiera establecerse al menos un sistema de guardias por jurisdicción para atender los casos graves o de urgencia de manera que el trabajo tribunalicio no sea solo presentación de casos de flagrancia, ya con eso se estará dando un paso importantísimo, no sería la solución a todos los problemas, pero sí el inicio de la solución.
⎯¿El Estado venezolano viola los derechos humanos de la población con la suspensión del sistema de justicia o es solo una irregularidad?
⎯No, es una violación, el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho que está completamente transgredido, se está violando con la suspensión de actividades judiciales, cada ser humano, cada ciudadano, tiene derecho a acudir a un tribunal, y al quitarle esa posibilidad se le están vulnerando sus derechos; además, se está violando el derecho al debido proceso y, por otro lado, no hay control sobre el Poder Ejecutivo al cual también tienen derecho los ciudadanos, es muy interesante que el único Poder Público que tiene entre sus funciones principales controlar a los demás poderes sea el que no está funcionando.
⎯¿Acceso a la Justicia ha trabajado alguno de los aspectos suscitados en el contexto del decreto de estado de alarma?
⎯Sí, todo este tiempo hemos estado analizando el gran error y violación de derechos que ha generado el estado de alarma, por ejemplo, actualmente en torno a las restricciones a la libertad de tránsito, pues ese derecho no fue regulado como lo señala el artículo 339 de la Constitución cuando indica que el decreto de estado de alarma deberá regular el ejercicio de los derechos cuyas garantías se restringen. Parece que eso no existe para el TSJ, por ello estamos analizando los exabruptos que están cometiendo alcaldes y gobernadores cuando tratan de suplir lo que debería ser una obligación del Poder Ejecutivo, como es regular la libertad de tránsito.
También hemos hecho otros análisis, entre ellos el tema electoral, nos preocupa mucho que se están violando principios básicos para decir que hay democracia en Venezuela
⎯A su juicio, ¿qué es lo más grave que ha ocurrido en Venezuela desde la declaratoria del estado de alarma?
⎯Lo más grave es que se desconocen los medios y las herramientas con las que cuenta el Estado para combatir el virus. Engañar a la población diciéndole que hay miles de camas, pero no dice en qué condiciones se encuentran y con cuánto personal cuenta, o decir que se está combatiendo la pandemia y los médicos se están muriendo porque no tienen los equipos ni insumos necesarios.
