El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello considera un eufemismo la nueva definición que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dio a los migrantes venezolanos, y teme que algunos Estados de acogida lo interpreten como una posibilidad para dar menos protección a quienes deben ser tratados como migrantes forzados o refugiados
¿Qué opina de la nueva categoría que el ACNUR le otorgó a los migrantes venezolanos la cual los define como venezolanos desplazados en el extranjero?
Con esta denominación de categoría inexistente en tratados internacionales lo que hace ACNUR es referirse al proceso de movilidad humana del venezolano a través de un eufemismo. El Centro de Derechos Humanos de la UCAB ha abogado desde hace un par de años por precisar que esta es una crisis de refugiados y no una crisis de migrantes, lo cual es una conceptualización bastante distinta, y esta mención de desplazados en el extranjero pareciera no tener mayor contenido jurídico de fondo, y en consecuencia lo que genera es confusión. Parte de la preocupación es que esa categoría aliente la teoría que tienen algunos Estados de acogida de darle un tratamiento de migrantes a los ciudadanos venezolanos en movilidad y no de migrantes forzados o de refugiados, que es el tratamiento adecuado.
¿Qué ocurrió para que una instancia mundial en materia de migrantes y refugiados haya creado una categoría especial para los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos no pueden recibir el mismo calificativo y trato del resto de los migrantes, refugiados o solicitantes de refugio del mundo?
Nosotros tenemos una presunción, y es que esta crisis de movilidad humana la está trabajando Naciones Unidas a través de una plataforma que comparten ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, ambas oficinas con objetivos muy concretos, pero la protección jurídica que dan en función de las categorías son distintas, entonces al estar en una misma plataforma requieren tratar de equiparar la cantidad de recursos que reciben, por lo que nosotros presumimos –es solo una presunción– que para equiparar el financiamiento internacional caen en este eufemismo, el detalle es que eso implica que puede exigirse menos protección en favor de la población en los Estados de acogida, ese es el malestar y el resquemor que nosotros tenemos.
ACNUR argumenta que la categoría se refiere a que «independientemente de su condición los venezolanos desplazados en el extranjero necesitan protección contra los retornos forzosos y acceso a los servicios básicos”, ¿esto realmente ayudará a las personas que se encuentran en esta condición, no genera más bien un trato discriminatorio?
Yo no creo que haya mala fe de parte de ACNUR en generar alguna discriminación en sentido negativo, creo que lo que hay es una imprecisión.
Aunque ACNUR señala que debe darse protección para evitar retornos forzosos y ofrecer acceso a los servicios básicos en la realidad es que en el contexto del COVID algunas autoridades de esos Estados de acogida han dado la espalda a los venezolanos y algunos incluso han expulsado a los que daba cierta atención?
En el marco de la crisis del COVID-19 las vulnerabilidades a las que se enfrenta esta población se han incrementado mucho, porque una buena parte de los venezolanos que están fuera del país en situación de migración forzada dependen de los recursos que puedan producir a diario y ante la paralización de la economía mundial debido a la pandemia una parte de ellos no han tenido más opción que retornar al país, manejamos cifras de alrededor de 50.000 personas retornadas, lo que que vendría a representar aproximadamente 1% de los que se han ido. Y bueno, si ha habido acuerdos que se han roto o incumplidos eso eventualmente podría generar responsabilidad internacional de los Estados de acogida. En cuanto a Colombia, al inicio de la llegada del virus a la región la alcaldesa de Bogotá hizo unos pronunciamientos destemplados, tendientes a no proteger a la población migrante forzada; sin embargo, desde el Poder Ejecutivo nacional la reacción fue distinta. Una cosa que hay que entender es que en los países de acogida hay dinámicas de política interna y lamentablemente los migrantes forzados terminan siendo rehenes de esas circunstancias, hay ciertos candidatos o funcionarios a los que les da rédito en su población votante tener una línea dura en contra de esta población y un discurso tendiente a ser xenofóbico, esa es una vulnerabilidad a la que se enfrentan los migrantes.
¿Esta nueva categoría puede influir en el trato a los venezolanos que siguen fuera del país?
Si pudiese influir. Parte de los esfuerzos del Grupo de Movilidad Humana Venezolana, que agrupa más de 50 organizaciones a nivel regional, ha sido abogar por soluciones permanentes que den verdadera protección internacional a esta población, entonces este tipo de errores en los informes y en la calificación jurídica generan espacios en los que los Estados pudiesen escudarse para no dar protección permanente a la población, sino continuar dando soluciones temporales. Entonces, la afectación no la vamos a evidenciar quienes que no estamos en la situación de migración forzada, pero posiblemente en un corto plazo de haber una interpretación por parte de algún Estado de acogida similar a la que ha hecho ACNUR se tomarán decisiones de política pública que puedan ir reduciendo la protección a estas personas que se vieron forzadas forzadas a salir del país.
¿Qué análisis tiene sobre la situación de los venezolanos que se han retornado al país en el contexto del COVID-19 y han sido estigmatizados y confinados de manera obligada?
El Estado venezolano pareciera no tener la capacidad logística para recibir a esta población y que cumpla la cuarentena en condiciones dignas para salvaguardar su derecho a la salud. Nosotros hemos recibido denuncias de personas en establecimientos donde están pasando la cuarentena los retornados, que les llaman los PASI (Puntos de Atención Social Integral) que afirman que allí los han maltratado o estigmatizado por el hecho de haber salido del país y retornar. Por otro parte, en una declaración el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Zulia los calificó como «armas biológicas importadas desde Colombia», un señalamiento totalmente deplorable, pero además hemos recibido denuncias de situaciones de violencia en los PASI, o no reciben adecuada alimentación, han recibido comida en mal estado que ha hecho que enfermen niños, adolescentes y adultos; entonces, pareciera que la capacidad de respuesta del Estado venezolano en estos sitios no es la más adecuada para salvaguardar el derecho a la salud y para proteger la honra y la dignidad.
Ha habido varios señalamientos negativos desde el sector oficial e incluso en cadena nacional contra los migrantes retornados. Pareciera que ese trato que están recibiendo en esos centros es una represalia contra ellos
Es un discurso negativo, y la verdad es que las personas tienen derecho a salir de su país y si son nacionales tienen todo el derecho a entrar cuando quieran, eso es algo que no puede ser limitado por ningún funcionario.
¿Muchos de esos retornados tienen planes de volverse a ir una vez superada la pandemia? ¿Lo ve posible? ¿Cree que los Estados de acogida estarán dispuestos a dejarlos entrar de nuevo?
Creo que los Estados siempre están revisando su política de cómo recibir a esta población vulnerable, el problema es que las circunstancias que causan la migración forzada en Venezuela no se han detenido, están circunstancialmente paralizadas porque hay una paralización del flujo fronterizo en la región, pero si se llega a reactivar no tengo duda de que el proceso de movilidad va a continuar y no nos extrañamos que el número de personas que abandonen el país siga creciendo, lamentablemente. En consecuencia, los Estados tendrán que seguir emitiendo políticas públicas para recibir a esta población y esperamos que sean de soluciones permanentes y de no soluciones temporales.
Teniendo en cuenta la experiencia acumulada hasta ahora en cuanto las acciones y el manejo de los recursos destinados a dar protección a los migrantes venezolanos, ¿hacia dónde cree que deben ir los esfuerzos que realmente brinden protección y no sean solo enunciados simbólicos?
Creo que la Conferencia de Solidaridad donde se recaudaron millones de dólares para ser invertidos en programas de ayuda en los Estados de acogida es una buena vía y deberían replicarse ese tipo de esfuerzos. Esta crisis llegó para quedarse por un buen rato, a mí me encantaría verme forzado a dejar de hablar de esto en el corto plazo porque implicaría la morigeración de la crisis a su mínima expresión, pero esto va a continuar y el direccionamiento que deben tener los Estados es a reconocer la calificación de refugiados de estos migrantes forzados, darles la protección internacional que merecen y buscar y acceder a la cooperación internacional para tratar de ayudar a estas personas a insertarse en la sociedad.
¿Que está haciendo el Centro de Derechos Humanos de la UCAB en el tema de los migrantes retornados?
Nosotros estamos documentando la situación que se está viviendo en los centros denominados PASI y en las distintas fronteras porque nuestra mayor actividad en el tema de migración y refugio es la incidencia en órganos internacionales de protección. Y, por supuesto, siempre estamos documentando la situación de los venezolanos en el extranjero junto con organizaciones aliadas dentro de los Estados de acogida para incidir en los órganos internacionales de protección sobre esa otra arista del problema. Paralelamente, continuamos todo nuestro trabajo en las distintas líneas de investigación que son libertad de expresión, derecho a la participación política, esclavitud moderna, educación en derechos humanos y justicia transicional. //
