En 2015 siete personas iniciaron en el estado Bolívar un proyecto de trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos a partir de su experiencia en las protestas generales 2014. Ese impulso dio origen a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), de la cual la abogada Mairis Balza fue una de sus fundadoras y es coordinadora general. En la actualidad la organización realiza un trabajo sostenido de monitoreo, documentación y denuncia de las múltiples violaciones a los derechos fundamentales en este estado del sur del país, trabajo que complementan con asesoría legal y formación. La contingencia por el Covid-19 los impulsó a dar mayores respuestas a una población cada vez más vulnerada.
⎯¿Qué opina del decreto de estado de alarma dictado en marzo y prorrogado durante estos meses?
⎯De acuerdo con las razones que lo motivaron, previstas en el artículo 338 constitucional, el cual establece que el estado de alarma tiene como objetivo atender una calamidad o catástrofe originada por hechos de la naturaleza, por hechos sociales o por hechos del hombre, como es la proliferación de virus o enfermedades contagiosas, era una medida necesaria y pertinente. Sin embargo tengo dos consideraciones al respecto: primero, el decreto de por sí solo no era (y no sigue siendo) suficiente para responder a las consecuencias del Covid-19. El confinamiento y el aislamiento dejó a muchos venezolanos en estado de indefensión. Se paralizó el país y con ello la protección de derechos. Hoy día tenemos a más personas en riesgo que antes de la pandemia. Estamos hablando de personas que perdieron su empleo, empresas que se fueron a la quiebra y con ello más hambre y desnutrición. El estado de vulnerabilidad y riesgo de mujeres sometidas a encierro con sus agresores, incrementando la violencia de género; la evidente precariedad del sistema de salud pública y de los servicio básicos, por ejemplo, el suministro de agua potable, el aseo urbano, la electricidad, imaginemos la inexistencia de todos ellos a la vez en un grupo familiar y luego en una comunidad, ya eso es un estado de calamidad. Todo un país confinado a la incertidumbre, la indefensión y con muchos derechos en riesgo: vida, integridad personal, libertad, seguridad, salud, educación. No fue sólo la paralización de la de la economía, sino de la administración de justicia, de la salud, de la seguridad alimentaria. El estado de alarma sólo sirvió de espejo para reflejar la alarma permanente y la calamidad que vivimos los venezolanos desde hace al menos cuatro años con la Emergencia Humanitaria Compleja.
Segundo, hay que tener en cuenta que antes del decreto de estado alarma ya estábamos bajo estado de excepción de emergencia económica, por lo tanto en medio de la pandemia de Covid-19 estamos al mismo tiempo bajo dos estados de excepción. Sobre este segundo, vigente desde hace cuatro años, es inconstitucional, por haber sido prorrogado más de una vez, pero además es ineficiente ya que no ha resuelto la emergencia económica. La Constitución establece que transcurridos 120 días, si la crisis económica no se ha resuelto, debe atenderse por vías ordinarias.
⎯¿Cuáles son las mayores vulneraciones de derechos humanos que están ocurriendo en el estado Bolívar en el contexto del coronavirus?
⎯Es grave la situación del derecho a la salud, a la alimentación, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes, todos llevan a la vulneración y riesgo del derecho a la vida, sobre todo en grupos vulnerables. Es un riesgo en dos sentidos, uno la vida como existencia y otro la calidad de vida que permite el bienestar y condiciones favorables para garantizar incluso la salud mental.
⎯¿En qué se basa el trabajo de Codehciu para apoyar a la población afectada en ese contexto?
⎯Brindamos apoyo psicosocial remoto a mujeres y niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, asesoría legal y asistencia ante necesidades específicas, como alimentación e insumos de higiene personal a grupos vulnerables.
⎯Según el reporte oficial, en Bolívar hay 300 contagios por COVID-19 hasta el 6 de junio. ¿En qué condiciones se encuentran los centros asistenciales (centinelas o no) para atender a las personas contagiadas?
⎯La situación es precaria, muchos no cuentan con la estructura, dotación ni personal que les permita brindar la atención básica requerida, por ejemplo, hay lugares de albergue donde conviven en el mismo espacio personas que han dado positivo a las pruebas rápidas con quienes no. Muchos no cuentan con los insumos básicos de seguridad tanto para el personal como para las personas alojadas. Luego, hay muchas quejas sobre la calidad de la alimentación.
⎯A través de las redes sociales Codehciu ofrece atención telefónica a las personas afectadas de alguna manera durante el confinamiento. ¿Cuántas personas han atendido y qué tipo de síntomas o condiciones son los más frecuentes en quienes llaman?
⎯Hemos atendido a más de 50 personas por razones de violencia de género, les hemos ofrecido asesoría legal sobre dónde acudir en medio de esta pandemia, pero también hemos recibido llamadas de mujeres en situación de angustia, estrés y ansiedad por la incertidumbre y la falta de respuestas a sus necesidades básicas. Tener a un grupo familiar en casa sin la provisión de comida necesaria y sin poder salir a conseguirla, sin agua ni electricidad, sin comunicación telefónica y ni hablar de la conexión a Internet, todo eso junto es un caldo de cultivo para la violencia doméstica y en otros casos inclusive para la violencia sexual. De manera que nosotros consideramos que el encierro y otras consecuencias del Covid-19 son una forma de expresión de violencia contra la mujer.
⎯Uno de los focos de trabajo de Codehciu es la violencia de género, pese a que en Venezuela existe legislación y cierta infraestructura judicial para atender este problema cada día son más los casos de femicidios. ¿Qué debe hacer el Estado para proteger a las niñas, adolescentes y mujeres de la violencia?
⎯Hay una tarea de prevención, estrictamente requerida que está pendiente. La infraestructura es insuficiente, y otras respuestas como casas de abrigo no existen en muchas localidades. Luego está la falta de sensibilización de los funcionarios policiales y de justicia que muchas veces revictimizan a la mujer porque no tienen una atención adecuada, no hay investigación con la debida diligencia ni diferenciada atendiendo a las particularidades de la violencia de género. Eso agrava la situación de indefensión que tienen que vivir las sobrevivientes de violencia. Si las denuncias por violencia contra la mujer fueran atendidas con la celeridad que la situación de riesgo amerita y hubiese una respuesta integral, que incluye contar con sitios de resguardo temporal para la mujer y sus hijos, apoyo o asistencia de emergencia, medidas dictadas por un tribunal y que se hiciera el seguimiento de cumplimiento de estas medidas, todo eso en conjunto, evitaría muchos femicidios.
⎯¿Cree que la contingencia por el COVID-19 va a afectar más aún a la población que ya padecía una Emergencia Humanitaria Compleja?
⎯Si, efectivamente, ya lo estamos viendo. La situación del país en general ya era de emergencia, ahora tenemos una emergencia sobre otra. El resultado de eso no es otro que más riesgos.
⎯Desde antes de la cuarentena la población del estado Bolívar se encontraba en gran estado de indefensión, pues a los problemas comunes con todo el país de falta de servicios públicos, medicamentos y justicia se sumaba la situación en las minas que más que una fuente laboral se ha convertido en un foco de violencia. ¿Cuál es la situación documentada por Codehciu en las minas?
⎯Es un contexto complejo, de muchísimo riesgo, presto para desapariciones de las cuales tenemos documentadas 61, y nadie da respuesta, los pocos casos en los que los familiares han escalado el miedo y se han atrevido a denunciar esas denuncias no prosperan, y en casi todos los casos los propios funcionarios receptores de denuncias desalientan a los familiares tanto para que denuncien como para que insistan en la búsqueda de su familiar desaparecido. Además, hay esclavitud laboral y sexual, prostitución forzada, propagación de enfermedades e inexistente seguridad sanitaria, violencia armada, miedo y terror, entre otras muchas situaciones que revelan la ausencia del Estado.
⎯¿Cómo se inició en el mundo de los derechos humanos?
⎯Desde muy joven. Mi decisión de vida por la promoción y defensa de los derechos humanos llegó por mi fe, por el reconocimiento de la dignidad de la persona desde la doctrina social de la Iglesia. Esta noción de persona titular de dignidad y por consiguiente de derechos que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar está plasmada allí desde la visión Iusnaturalista. Luego, con el paso de los años fui introduciendo y enriqueciendo esa visión con los aportes de la visión positivista, que prevé la obligación de garantía de los Estados y por consiguiente su responsabilidad como violadores de derechos humanos.
