Carmen Arroyo ahora vive sola, sólo acompañada de sus recuerdos desde que su único hijo fue asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en septiembre de 2018. Cristian Charris Arroyo era una celebridad en el barrio La Dolorita, en Petare, Caracas, porque ejercía la barbería no como un oficio, sino como un arte. Era común que se hiciera cola afuera del salón donde trabajaba, propios y extraños querían uno de sus diseños en el cabello: niños, jóvenes, no tan jóvenes y hasta policías y guardias nacionales se contaban entre su clientela.
Pero apenas alcanzó a cumplir 25 años. Justo cuando finalizaba la celebración de ese cumpleaños con sus amigos una comisión del escuadrón policial considerado “de exterminio” lo interceptó apenas a 50 metros de la casa de su suegra, en el sector La Lira, y le disparó en el pecho sin motivo. Es lo que relata una vecina que escuchó cuando los policías le decían al joven que seguro él era un delincuente que estaban buscando. Eran las 5:00 de la madrugada. Hubo un solo disparo fulminante y muchos golpes al cuerpo y rostro de Cristian.
Pero el barbero no tenía antecedentes penales, así lo constataron sus victimarios cuando por radio pidieron a la central policial información del joven. “Había pasado como una hora, al saber que estaba limpio de antecedentes empezaron a montarle la escena que siempre montan, el mismo patrón que ellos tienen del enfrentamiento”, relata la madre de la víctima.
La noticia causó conmoción en todo Petare. Nadie entendía que hubiesen matado a Cristian porque era un muchacho alegre, conversador y amable con todos; los niños desconsolados preguntaban a los mayores quién les cortaría ahora el cabello. En la morgue retrasaban la entrega del cadáver y las FAES difundían la versión del enfrentamiento. Ambos hechos movieron a las madres de la zona, reunieron casi 1.000 firmas para desmentir que Cristian fuese un delincuente y exigir la pronta entrega de su cuerpo a los familiares. La consternación quedó registrada en los medios de comunicación que cubrieron ampliamente la noticia.
La víctima tenía tres hijos que supieron lo que ocurrió: Justin, de 9 años; Christian, de 6 años, y Cristina Betsabé, de 2 años. Cuando se cumplía el segundo día de velorio el mayor de los niños se intentó ahorcar con una correa amarrada a la ventana de la casa: “Él decía que no quería vivir sin su papá, le dijo a su mamá que hizo eso porque quería ver a su papá”, recuerda Carmen Arroyo conmovida. El niño recibe apoyo psicológico en Cecodap. En el sepelio llamó la atención que hasta policías y guardias nacionales acudieron a despedirse de su barbero.
Han transcurrido casi dos años de esta muerte y nada se sabe de las investigaciones y mucho menos se ha iniciado un procedimiento judicial, porque supuestamente no hay pruebas para imputar. Cinco fiscales han pasado por el caso, incluidos una fiscal nacional y una de Derechos Fundamentales. Carmen Arroyo no se cansa de denunciar el caso y de ir con insistencia a la Fiscalía, tras una lucha incansable de un año y cinco meses por fin tuvo acceso al expediente. Incluso, fue una de las madres que tuvo la oportunidad de reunirse con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en junio de 2019 para hablar de las muertes de sus hijos a manos de ese escuadrón policial. Su testimonio fue uno de los que llevó a la comisionada a recomendar la disolución de las FAES por considerar que cometen ejecuciones extrajudiciales.
“Si soy sincera, yo no confío. Aquí tiene que haber un cambio para que pueda haber justicia, porque mientras que este gobierno esté ninguna madre víctima de las FAES vamos a ver justicia”.
Ahora sus nietos le hacen compañía, suele ir caminando hasta la cancha deportiva donde pintaron un mural en honor a su hijo, allí está la imagen de Cristian plasmada en vívidos colores como era su vida y con uno de sus “cortes locos”, como su madre los llama. “Seguiré luchando porque no tengo miedo”.
