Las protestas de 2017 movilizaron en San Cristóbal, estado Táchira, a un grupo de profesionales amigos a brindar apoyo médico y jurídico gratuito a detenidos, heridos e incluso a familiares de los muertos por la represión. Se convirtió en una labor diaria que los impulsó a cohesionarse como organización de derechos humanos, de allí nació el Proyecto 860, del cual la abogada Beatriz Salas es su directora. Hoy día —aunque con grandes obstáculos impuestos por el poder— integran un grupo de 50 personas entre defensores, activistas y colaboradores que documentan, visibilizan y dan acompañamiento a quienes sufren la vulneración del derecho a la salud, así como a los que padecen la cada vez más severa crisis de los servicios públicos en ese estado andino
—¿De qué se trata Proyecto 860 y cómo surgió?
—Somos una organización sin fines de lucro, el nombre se debe a la altura en que se encuentra San Cristóbal, Táchira, sobre el nivel del mar. Nuestro origen se remonta a finales de 2017 cuando un grupo multidisciplinario de amigos abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, estudiantes y amas de casa nos unimos motivados por la gran cantidad de detenidos, fallecidos y heridos en las protestas de ese año, de hecho, asistimos algunos de los detenidos y llevamos los casos de algunos de los caídos sin cobrar nada. Así que una vez organizados decidimos mantenernos igual, lo que queremos es apoyar a los ciudadanos que están siendo duramente afectados por tantas violaciones a sus derechos, y más ahora que Táchira es uno de los estados más golpeados por la emergencia humanitaria compleja.
—¿Exactamente en qué áreas enfocan su trabajo?
—En tres ejes: jurídico, médico y de formación. El equipo jurídico está constituido por 7 abogados que ofrecemos asistencia y acompañamiento en temas de defensa de derechos humanos y desde enero tenemos un observatorio de violencia de género desde el cual hacemos campañas informativas y damos asesoría jurídica y psicológica a la mujer maltratada. En el eje médico trabajan 10 médicos que dan atención a poblaciones vulnerables, articulan la donación de medicamentos y se enfocan en campañas de salud preventiva. El eje de formación va orientado en la ciudadanía, damos talleres de formación sobre deberes y derechos, nos unimos con otras organizaciones para enseñar al ciudadano sus derechos, sus deberes y cuando se les vulnera un derecho.
—¿Podría mencionar algunas causas que llevan adelante?
—Recientemente realizamos una muy importante relacionada con el derecho a la salud, tuvimos oportunidad de presentarle nuestros informes de 2018 y 2019 a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino a Cúcuta el 7 de febrero y les hablamos de nuestro interés por solicitar algunas medidas para los pacientes renales de nuestro estado porque se les está violando gravemente el derecho a la salud, ya que ellos deben recibir diálisis tres veces a la semana y debido a los cortes eléctricos y los cierres de las unidades médicas no lo están recibiendo. Esas denuncias las hemos interpuesto ante la Defensoría del Pueblo, pero no se ha obtenido respuesta.
—¿Cuáles son las mayores vulneraciones que sufre la población del estado Táchira?
—Desde hace años, aproximadamente 2006-2007, comenzamos a ser sometidos a fuertes restricciones para surtir gasolina, hemos pasado por varios sistemas, lo más reciente es que del chip para los vehículos ahora estamos en un registro para surtir cada dos días 30 litros, según el terminal de placa del carro; las gandolas no llegan con frecuencia, la gente pasa días y noches en la cola en las estaciones de servicio sin garantía de que va a cargar combustible. Esas fallas en el suministro de combustible vulneran el derecho al trabajo, a la educación, al libre tránsito y muy gravemente el derecho a la salud. Otro de los principales problemas que sufre la población es el acceso a la electricidad. Tenemos apagones a diario, por lo que ninguna comunidad puede trabajar fluidamente, hay una importante baja en la productividad, el horario de trabajo en empresas y organismos públicos, así como de estudio, es restringido, no sabemos en qué momento nos quitarán la luz y por cuánto tiempo, eso imposibilita que la población pueda tener una vida normal. Además, también está el terrible problema del gas doméstico que se ha convertido en una pesadilla para todos, hay una gran corrupción alrededor de eso, las personas terminan pagando hasta 100.000 pesos (moneda colombiana, poco más de $30) por una bombona grande, es una locura. Por eso las comunidades se organizaron y han realizado protestas casi a diario desde el año pasado hasta hoy día.
—¿Por qué una línea de trabajo es sobre el tema médico?
—Porque la otra vulneración grave que sufre nuestra población es el derecho a la salud, ante la emergencia humanitaria compleja a varios miembros de la organización les preocupa cómo cada día incrementa el número de pacientes oncológicos y renales y que además no hay los tratamientos que debe garantizar el Estado debido a que son de alto costo y de los cuales tiene monopolio en la entrega, antes los pacientes acudían a la farmacia del Seguro Social con su respectivo informe y allí les entregaban su medicamento. Pero no solo dejó de hacerse por el desabastecimiento sino porque la corrupción está en todos los ámbitos, incluso en el de salud; en Táchira dos directores del Seguro Social han sido detenidos y la jefa de Farmacia también por desviación de los medicamentos. Ante esta situación el equipo médico de la organización se moviliza para dar apoyo los pacientes, se constituyó la Red de Redes para el trabajo conjunto entre todas las organizaciones a fin de aglutinar esfuerzos en el área de la salud para ofrecer atención y donación de medicamentos. Por ejemplo, se logró que Colombia recibiera a algunos de nuestros pacientes con VIH para hacerles exámenes y darles tratamiento antirretroviral porque acá dejó de llegar, entonces se consiguió esa cooperación con otras organizaciones internacionales, incluso desde el diagnóstico que en Táchira no es posible realizar porque es muy costoso o no hay los reactivos. Siempre estamos buscando alianzas y la manera de brindarles atención a las personas.
—¿Llevan un registro de esas vulneraciones?
—Sí, nosotros hacemos informes anuales, monitoreamos, denunciamos ante instancias y sobre todo nuestro interés es la visibilidad de los casos. Emprendemos las acciones judiciales pertinentes ante cualquier organismo, pero también visibilizamos. Generalmente atendemos a las comunidades más vulnerables, vamos allí para tener un registro de quiénes necesitan atención, pero a veces es un trabajo bien complicado porque estamos en una emergencia humanitaria que afecta a todos, incluso a los que queremos ayudar, y en la organización no recibimos recursos que pudieran permitirnos más efectividad. Nosotros trabajamos como voluntarios y cuando hay actividades con otras organizaciones entre todas aportamos para tener lo mínimo necesario.
—Comentó que ejercen acciones judiciales, ¿qué respuesta han recibido de los casos y hechos que han denunciado?
—Ninguna, absolutamente ninguna, ni de parte del defensor del Pueblo anterior ni de la actual. Ellos creen que nosotros somos denunciantes de profesión, pero no es así.
—¿Y de la CIDH obtuvieron alguna respuesta?
—Le presentamos el caso de una paciente con cáncer de seno y otros casos de pacientes renales, además de entregarles el informe. En cuatro días obtuvimos respuesta por correo, nos dieron orientaciones para solicitar algunas medidas. Es un gran paso haber obtenido esa respuesta.
—¿Cómo ha sido la experiencia de pasar del ejercicio privado como abogada a la defensa de los derechos humanos?
—Bueno, aún ejerzo en privado porque es lo que me permite el sustento, y en paralelo hago el trabajo por los derechos humanos. Pero para responder la pregunta, antes de 2017 nunca había trabajado con derechos humanos, ese año conocí a varias personas que hacían un trabajo admirable por las personas vulnerables. Para mí este es un trabajo de construcción del nuevo país, ese va a ser el aporte de la organización y de mis compañeros para la reconstrucción de nuestro país; es muy importante que haya más personas como nosotros y que trabajemos en red para llegarle al ciudadano común y decirle: ‘Sí hay esperanzas, sí podemos hacer algo’. Un ejemplo es la Coalición Anticorrupción, de la que soy la promotora en Táchira, estamos diseñando una campaña contra de la corrupción para los niños en la que se les enseñe lo que no está bien porque creo que esa es la base para recuperar el país.
—¿Han tenido algún obstáculo para realizar su trabajo?
—Sabemos que los defensores de derechos humanos no son bien vistos por los gobiernos de facto, el hecho de que en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no den respuesta las denuncias, que impongan un silencio total respecto a todas nuestras peticiones, eso se convierte en un obstáculo. Por otra parte, Proyecto 860 no se ha podido registrar como organización no gubernamental ni como fundación, pues desde 2017 cuando nos conformamos el Registro Público nos ha impedido constituirnos, nos pide un requisito, luego otro, se inventan exigencias, pide que un Consejo Comunal nos autorice la sede, evidentemente ninguno lo va a hacer, ese es el principal bloqueo para nosotros. Estamos considerando registrarnos en Colombia como una organización internacional, pero es algo que aún estamos evaluando. Sin embargo, el trabajo lo hacemos, somos reconocidos no solo por las comunidades que nos buscan, sino por otras organizaciones, formamos parte de redes y hemos participado en encuentros nacionales, incluso recibimos invitaciones o comunicaciones de instancias internacionales.
—¿Qué piensa cuando un alto funcionario del gobierno amenaza a las organizaciones que defienden los derechos de la población?
—El gobierno ve como enemigos a las organizaciones de derechos humanos, ya ni siquiera tenemos libertad de expresión, gracias a la prensa podemos visibilizar lo que ocurre, porque si no solo nosotros internamente conoceríamos la situación.
—Con todos los obstáculos que han afrontado desde el inicio y las amenazas desde el poder, ¿qué los motiva a continuar?
—Nosotros apostamos por una labor que sabíamos no es fácil, vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, incluso cuando cambien los actores políticos porque nuestro trabajo no es de partido ni tendencia política, sino de estar al lado de los vulnerados. La falta de personalidad jurídica que afrontamos no es impedimento para que hagamos el trabajo, lo hacemos con muchísimo gusto y porque nos nace defender a nuestros hermanos.
