El nombre de Liliana Ortega es una referencia en el activismo por los derechos humanos en Venezuela. Han transcurrido 30 años desde que fundó el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), organización de la cual es su directora ejecutiva. Cuando llevaba 10 años de labor y a su oficina llegaban denuncias sobre otras masacres fue nombrada como uno de los 50 Líderes para el Nuevo Milenio en América Latina por la Revista Times; a lo largo de estas tres décadas ha sido reconocida con varios premios internacionales por su lucha en defensa de los desprotegidos, muchos de los cuales han tenido la oportunidad de ser escuchados en el sistema internacional de justicia y de derechos humanos gracias a la labor de su organización.
―El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que está dispuesto a colaborar con la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, pero ésta le recomendó disolver las FAES y lejos de eso enaltece su labor y las refuerza. ¿Qué demuestra el régimen con eso?
Es muy importante establecer que el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela es endémico, que se han desarrollado en el marco del procedimientos de seguridad del Estado y, como lo ha dicho Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como mecanismo de control social, especialmente en sectores populares. Eso no sólo ocurre con participación de las FAES, sino también ocurría con la Operación de Liberación del Pueblo y con otros organismos de seguridad del Estado en el marco de los Estados de Excepción que rigen en Venezuela desde el año 2015. Por supuesto, con un eje transversal que en Venezuela hay que mirarlo desde el punto de vista institucional, porque las víctimas no se sienten con la posibilidad de que sus casos sean presentados en instancias confiables, transparentes, independientes y autónomas en Venezuela.
―¿Cuántas denuncias ha recibido Cofavic de ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES?
Desde 2018 hasta la fecha hemos documentado y brindado atención psicojurídica integral en 54 casos de denuncias de violaciones graves a los derechos humanos de las cuales 35 (65%) corresponden a ejecuciones extrajudiciales. En 48% de esos casos aparecen señaladas como presuntas responsables las FAES. Las entidades con más casos son Aragua, Zulia, Carabobo, Distrito Capital y Miranda. Para que tenga una idea de la magnitud la situación de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: de 2012 a 2018 nosotros documentamos 1.530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre 2017 y 2018 registramos aproximadamente 3.684 casos, y estamos viendo el mismo patrón de actuación: víctimas hombres jóvenes, habitantes de sectores urbanos vulnerables. Del total de casos 98% son hombres, 80% son menores de 25 años de edad, la mayoría de estos casos ocurre en la residencia de las personas o en las inmediaciones de la residencia, con un efecto de demostración muy importante; es decir: se desarrolla un mecanismo policial y toda la comunidad se ve involucrada, con un despliegue muy numeroso de la fuerza –en promedio más o menos 15 funcionarios por evento–, personas enmascaradas, portando armas de alta potencia con el objetivo principal de producir temor, de generar una situación de fractura del tejido social y especialmente en estos dos últimos años, actúan con brutalidad, hacen allanamientos ilegales, en muchos casos sustraen objetos personales de la familia que nada tiene que ver con la persecución del delito.
Nosotros hemos monitoreado el tema ejecuciones extrajudiciales desde el año 1989 a raíz del Caracazo, la mayoría de los casos los hemos litigados internacionalmente y se inscriben en el desarrollo de procedimientos policiales de control social ligados a la cotidianidad de la gente que protesta por luz, agua por gas, baja calidad de vida, etcétera, con resultados muy letales.
―Si la experiencia con las OLP fue tan negativa, ¿por qué repetir la fórmula?
Bueno, no son idénticas, aunque tienen un elemento similar y determinante: la impunidad. Los funcionarios entran a las zonas y a las casas con la certeza de que no habrá investigación y que cuentan con apoyo del Estado. Es tan así que los hechos lo demuestran: 98% de los casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela no llega a juicio, por lo tanto no es solamente un decir o un pensamiento, es una realidad. Ha sido tan negativa la actuación de estas fuerzas especiales que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado la solicitud de que deben ser disueltas, no solo en su informe sino en su última visita a Venezuela y en sus actualizaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos, y eso tiene que ver con que no reúnen los estándares mínimos que debe tener la Policía Nacional Bolivariana y muy particularmente por los resultados que han dado estos mecanismos, el número de víctimas que producen, el tipo de crímenes que se cometen, los daños que causa, por ejemplo, vejaciones y humillaciones a mujeres de la tercera edad, adolescentes, niños… Hemos escuchado testimonios no sólo documentados por Naciones Unidas, sino por otros organismos internacionales, de cómo destruyen las viviendas.
―¿Qué siente usted como defensora de derechos humanos cuando escucha a Maduro felicitar a las FAES y decir que las va a reforzar?
Una gran frustración de que las víctimas no sean atendidas, de que los casos no tengan una pertenencia en el ámbito nacional, hay un gran desafuero institucional porque en cualquier país puede darse el uso desproporcionado de la fuerza pública, pero eso debe ser investigado, no puede ser aplaudido porque es tremendamente violento para la sociedad, es una afrenta a la sociedad cuando ocurre este tipo de mecanismos que no tienen consecuencias porque las autoridades no investigan manera adecuada, se le hace un daño terrible al tejido social venezolano, pero también es un grave error del gobierno, de las autoridades, porque no es cosa menor que la Alta Comisionada derechos humanos solicite la disolución de las FAES porque tiene evidencias de lo que está ocurriendo con ellas, está documentado de manera muy rigurosa las actuaciones ilegales de los funcionarios.
―¿Además de lo relacionado con las FAES, cuántos casos ha llevado Cofavic ante instancias internacionales?
La mayoría de los casos en los que trabajamos los litigamos internacionalmente. Desde 1989 hemos llevado 7 casos a instancias internacionales, comenzando por El Caracazo, pasando por la masacre del retén de Catia, las desapariciones forzadas durante el deslave de Vargas en 1999, hasta el caso Linda Loaiza. De los casos que se han litigado ante la Corte Interamericana Derechos Humanos el del Caracazo es el que ha tenido mayor cumplimiento de la sentencia penal, que ha sido parcial.
―¿Cómo ha sido la experiencia de llevar las causas a instancias internacionales?
En la situación de total desamparo como la que vive Venezuela donde las víctimas tienen muy poca resonancia a nivel institucional, casi nula, ser escuchadas por instancias internacionales es tremendamente importante, de alguna manera hay un mínimo gesto de reparación, y lo vivimos el año pasado con la visita de la señora Bachelet, su presencia movilizó a la sociedad venezolana, no solo a las víctimas que tuvieron la oportunidad de verla, sino a todos, y eso tiene que ver con la necesidad de justicia, de verdad y, por supuesto, con la necesidad de reparación institucional.
―Aunque esas instancias internacionales no necesariamente garantizan el cumplimiento de sus recomendaciones y/o sentencias…
No es lo usual, pero el espacio que debería garantizar la justicia, la verdad y la reparación en el país está vacío, entonces esas instancias de alguna manera lo van ocupando. Igualmente, cuando familiares de víctimas o las propias víctimas van a la Corte Interamericana Derechos Humanos en la mayoría la primera reflexión es que por primera vez son escuchados de manera independiente, respetuosa, y luego si llega a darse una sentencia que tenga impreso el sello de un tribunal internacional que establece los hechos y reconoce las violaciones cometidas, eso para la gente que no tiene posibilidad de justicia en su país es muy importante ,obviamente lo ideal es que se cumplan, pero para eso se requiere voluntad política.
―¿En qué casos están trabajando actualmente en el ámbito internacional?
Tenemos diversidad de casos. Por ejemplo, la solicitud de medidas cautelares para el diputado Juan Requesens, el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del caso Linda Loaiza, en la Corte IDH tenemos un nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales en el estado Falcón, que llamamos Caso Jimmy Guerrero y otros, y trabajamos en otro número bastante importante de casos de ejecuciones extrajudiciales. Cerca de 90% de los casos de ejecuciones extrajudiciales documentados a los que tuvo acceso la señora Bachelet fueron aportados a través de Cofavic.
―¿Las violaciones a los derechos humanos causan algún efecto en el tejido social?
Sí claro, cuando ocurre una violación a los derechos humanos no solo afecta a la víctima, sino a toda la sociedad por eso es tan importante que una víctima se sienta convocada a exigir y a reivindicar sus derechos. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzadas y de la tortura el efecto más demoledor es el poderío que tiene el Estado para desarrollar mecanismos que generan terror, eso produce una fractura social en la comunidad donde ocurre el hecho. Quienes pueden ser testigos de un caso, que son los vecinos, seguramente tienen algún parentesco familiar o relaciones de compadrazgo, pues la sociedad venezolana es muy articulada, sobre todo la comunidad más vulnerable, pero se ha ido rompiendo el tejido social, nadie quiere verse en una situación similar con los organismos de seguridad, les da miedo vincularse al caso, aunque objetivamente pudiesen aportar información prefieren negarse para protegerse, crece el individualismo, la protección individual y la visión de justicia de comunidad se va perdiendo.
Pero hay otro efecto, sobre todo en las mujeres que son la que generalmente levantan las banderas de la lucha, muchas de ellas son de tercera edad, tiene problema de salud, desnutrición, y a eso hay que sumarle los efectos ligados al estrés que generan las violaciones a los derechos humanos de sus familiares: estamos viendo casos de cáncer, diabetes, hipertensión y, por supuesto, depresión, ideas suicidas, situaciones que tienen un elemento conector que es la violencia del Estado, la impunidad y el sentido de vulnerabilidad y de indefensión que tiene la gente.
―Ha cambiado en algo la situación de los derechos humanos en Venezuela desde el momento de la fundación de Cofavic?
Bueno, 30 años de historia institucional para una organización es mucho tiempo, es como la vida de una persona. En estos años ha habido hilos conductores, por ejemplo, el tema de la impunidad institucionalizada, que no es nuevo en Venezuela, pero ciertamente las posibilidades de resonancia institucional se han ido cerrando y aniquilando. Cuando comenzamos a trabajar en el año 1989 el director de la oficina de derechos humanos de la Fiscalía General era el padre Luis María Olazo, con él las víctimas tenían un lugar a dónde acudir, era una instancia que iba a proteger sus derechos, esa figura ya no existe. En el tema de las ejecuciones extrajudiciales el uso de la fuerza pública ha ido aumentando de manera clara en los últimos cinco años en el marco de operativos de seguridad ciudadana, además la mayor ausencia institucional, los casos de torturas, detenciones arbitrarias, presos políticos, el cierre de espacios democráticos, la pérdida de institucionalidad democrática, esos son temas que tienen sus raíces en años anteriores, pero que han estado presentes con más fuerza en los últimos años.
El monopolio de la violencia del Estado tiene que ver con las detenciones arbitrarias y torturas denunciadas ante Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional. Los órganos más importantes de derechos humanos del mundo están al tanto de lo que ocurre en Venezuela y han reconocido el contexto de crisis de los derechos humanos en el país acentuado en los últimos cinco años, sin duda.
―Desde sus inicios Cofavic ha incorporado a la organización a las madres de las víctimas y las ha formado en derechos humanos. ¿Cómo ha sido esa experiencia y de dónde surgió esa idea?
La idea surgió porque creemos que una organización como Cofavic debe caminar al lado de las víctimas, no adelante ni atrás; el hecho de que las víctimas o sus familiares comiencen a encontrarse, a unirse y articularse las ayuda a que la lucha por los derechos humanos, que es a largo plazo, sea más sostenible, porque no es lo mismo que una persona por mucho nivel profesional o conocimientos que tenga le insista a otra que continúe la lucha contra la impunidad a que lo haga alguien que perdió a un hijo, pues es la legitimidad la tiene persona que ha pasado por una situación similar. Entonces, ha sido muy útil el hecho de que quienes impulsan el proceso de articulación de las víctimas es gente que ha vivido situaciones similares, incluso en algunos casos mucho más graves. Y esa experiencia para nosotros ha sido muy importante. Esa una práctica reiterada en América Latina, en el caso venezolano creo que Cofavic es la única organización que durante décadas ha mantenido ese trabajo, somos la única organización venezolana cuyo gobierno administrativo, operativo y de custodia del legado ha estado en manos de familiares de víctimas durante 30 años. El éxito de esa experiencia es la legitimidad que tiene la lucha de las víctimas al lado de las víctimas.
―¿Cuál es la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela?
Hay riesgos claros para las personas que defienden los derechos humanos en el país, y así lo denota, por ejemplo, el caso reciente de la organización Prepara Familia que tuvo una respuesta inmediata de la comunidad hermana del movimiento de derechos humanos. En Venezuela se han ido agudizando de manera muy clara estos riesgos, por ello nosotros llevamos adelante un programa con la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos y hemos podido constatar con preocupación cómo hay distintas restricciones a esta labor: restricciones legislativas para registrar nuevas organizaciones que puedan operar legalmente en Venezuela; campañas sistemáticas de criminalización, campañas de linchamiento moral permanente con uso de recursos públicos, seguimientos, intromisiones en comunicaciones, entre otras. En muchos casos el elemento conector es que son organizaciones visibles, que tienen un impacto en la sociedad, que usan el sistema internacional, eso en el caso de las organizaciones que están en primera línea de ataque.
Hoy día la defensa de los derechos humanos está íntimamente ligada a la defensa de la democracia, por lo que atacar a los defensores es atacar un espacio muy sensible de la libertad, de la democracia, de la justicia y de los espacios cívicos. Hay una crisis de derechos humanos en Venezuela, pero también hay una agudización y un debilitamiento de las garantías del trabajo para los defensores. Eso tiene que ver con la presencia de un Estado que no tolera este trabajo y que crea un clima que no es el propicio para que las organizaciones desarrollen su labor.
