Para nadie pasa inadvertido el nombre de Cecilia Sosa Gómez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1989 hasta la disolución de la instancia, en 2000, y primera mujer en presidir un máximo tribunal en todo el continente. Atrás quedaron los tiempos de la toga y el Poder Judicial, le han sucedido años como catedrática en las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Sin embargo, no formar parte las altas esferas del sistema de justicia no le ha impedido seguir de cerca lo que ocurre con uno de los pilares fundamentales de la democracia, de allí que, basada en su experiencia, emprendió junto a un grupo de juristas y académicos la creación del Bloque Constitucional de Venezuela, una iniciativa que busca aportar ideas y propuestas para el rescate de la vigencia de la Constitución y el principio de la independencia del Poder Judicial.
En cada evento que asiste, Sosa insiste en referirse a la conexión entre la justicia y el ciudadano, y viceversa, le preocupa la deuda que el sistema de justicia tiene con la participación ciudadana, concepto que va mucho más allá de un eslogan trillado en los últimos de 20 años. “Necesitamos una justicia que tenga capacidad de orden y convocatoria, que abra nuevos capítulos de relaciones entre la estructura que la imparta y los ciudadanos”.
―¿Qué es exactamente el Bloque Constitucional de Venezuela?
Es una agrupación de abogados de diversas disciplinas con experiencia en la judicatura, en la administración pública, en la enseñanza del Derecho, en ejercicio libre de la profesión, gremialistas, con especialidades en Derecho constitucional, administrativo, civil, penal, mercantil, internacional, petrolero, arbitraje, entre otras, y de organismos como la Federación Venezolana de Abogados y los colegios de abogados de todos los estados del país, que funciona como un grupo de opinión sin forma jurídica, una organización sin sede, pero que está en todas partes. La disciplina de su trabajo está basada en la palabra, lo que me recuerda una frase siempre repetida por mi padre Mariano Sosa Fernández, quien me orientó a estudiar Derecho: “La palabra es ley”, principio que rige el trabajo del Bloque Constitucional, el que se compromete con algo que deba hacer debe cumplirlo.
―¿Qué motivó a crearlo?
El Bloque Constitucional nació el 22 de diciembre de 2015, y se inició con 7 personas que lo impulsan y ya no importa cómo se llaman. El Bloque creció y sigue creciendo, tenemos un capítulo en España. Los integrantes del BC nos hemos unido alrededor de una idea central: ante la falta de justicia decidimos focalizarnos en trabajar por la institucionalidad democrática del Estado de Derecho en Venezuela, lo que significa reordenar el sistema de administración de justicia para llevarlo a lo establecido en la Constitución con un enfoque nuevo como es la justicia que se imparta sea para el ciudadano. Para lograr lo anterior nos hemos comprometido en denunciar los actos hostiles que impidan, amenacen u obstaculicen el ejercicio democrático del poder y, al mismo tiempo, enfocarnos en la despolitización de la actuación de los tribunales y demás organismos o funcionarios que se vinculan con la justicia, bajo la premisa que si no se cumple el pacto constitucional no hay justicia y sin ésta no tenemos un Estado democrático y tampoco República.
―¿Una vez constituido el BC, ¿en qué aspectos enfocaron las principales líneas de trabajo?
Tenemos tantas líneas de trabajo como iniciativas de nuestros integrantes. Todo lo que se identifique con nuestro plan de acción es apoyado por el resto de los miembros, hablamos de iniciativas y propuestas de las regiones, nacionales o de impacto internacional; pero para ser concreta diría que manejamos dos áreas interconectadas de trabajo para regenerar la justicia: una, la reinstitucionalización del sistema de justicia y la segunda, la justicia transicional.
Es importante entender que lo que teníamos como justicia es irrepetible. Lo importante es cómo darle vigencia a la justicia. El venezolano y el que habita en este país clama por justicia. Está latente esa necesidad. Ese tema es central. Necesitamos una justicia que tenga capacidad de orden y convocatoria, que abra nuevos capítulos de relaciones entre la estructura que la imparta y los ciudadanos. Necesitamos pasar de “Toda persona tiene derecho a…” a “Nosotros estamos construyendo el derecho a la justicia.” Justicia es una palabra que pertenece al campo de la acción.
―¿Qué propone el Bloque Constitucional en cada uno de esos ámbitos?
La reinstitucionalización del sistema de justicia propone un cambio estructural acorde con los postulados constitucionales: independencia judicial con garantías de respeto a la autonomía de jueces y demás funcionarios que conforman el sistema, establecimiento de la carrera judicial, creación de mecanismos para impedir la corrupción, a fin de obtener una justicia eficiente, confiable para el ciudadano y que garantice el respeto de los derechos humanos.
Por su parte, la justicia transicional es aquella que se crea con posterioridad a una transición política con el objetivo de evitar la impunidad y establece pautas legales para lograr una convivencia social sana sin el lastre del rencor producido por las heridas que tantas violaciones de derechos humanos se han cometidos. Ya en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia se dispone la creación del sistema de justicia transicional con el objeto “rescatar la dignidad humana, la justicia, la protección y reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las medidas para establecer la verdad y promover la reconciliación nacional”, tal como lo establece en su artículo 18.2.
―Para llevar a cabo esos planteamientos es necesaria una transición política, mientras eso ocurre ¿hacia dónde enfocan su trabajo?
Cierto, estamos en la etapa que requiere prepararnos para atacar progresivamente los problemas de falta de justicia y necesitamos estar listos para ello. Ambas propuestas, la que atañe a la instauración de la justicia ordinaria y la que asume la justicia transicional, deben estar formuladas y preparadas para iniciar su ejecución.
―¿Por dónde debe comenzar la reinstitucionalización del sistema de justicia en el caso venezolano?
Tenemos que pasar de una justicia para la destrucción a una justicia que progresivamente asuma la ética del trabajo judicial, de jueces, fiscales, defensores, auxiliares de justicia, cuerpo de investigaciones científicas, todos focalizados en garantizar derechos. Comenzar entonces desde la cabeza del sistema, el Tribunal Supremo de Justicia, y desde la base, el juez de municipio, junto a los organismos y servidores de justicia.
―¿En ese proceso podrían participar jueces, fiscales y magistrados actualmente en funciones?
Pueden participar siempre que no sean objeto de denuncias e investigaciones referidas a violaciones de derechos humanos ni de actos de corrupción, lavado de dinero, materias por las que deben responder ante la justicia. Todo funcionario, civil o militar, tiene que someterse a la prohibición expresa constitucional de apartarse de la actividad partidista.
―¿Por qué un grupo de juristas y ex magistrados sienten la necesidad de hablarle al ciudadano cuando generalmente los temas de Derecho y del sistema de justicia están reservados a la élite política y judicial, y a los expertos en la materia?
Los problemas de la falta de justicia, o sus fallas, las habíamos asociado como propias de la estructura judicial y de sus actores. Identificábamos cuatro vicios en el Poder Judicial: la corrupción, la ignorancia, la ineficiencia y la politización como los causantes de la falta de confianza de los ciudadanos. De allí que considerabamos que si los superábamos podíamos lograr tener justicia y que los ciudadanos creyeran en ella. Resulta que aun atacando y corrigiendo tales vicios ello no es suficiente. Hemos determinado que existe una razón central, y es que la justicia se debe ser impartida y es para el ciudadano. La realidad es que la justicia no tiene un carácter instrumental, hemos desatendido lo principal que hoy es centro de nuestra propuesta y es entender para quién se imparte justicia y lograr con ello que el ciudadano confíe en ella, ejecutando lo que es una orden constitucional, que es el uso del poder real que tiene de exigirla para su protección.
―¿Cómo calificaría el sistema de justicia venezolano actual y qué es lo más grave que, a su criterio, ha ocurrido en el Poder Judicial?
En Venezuela no hay justicia. No existe Poder Judicial, perdió el sentido republicano. Fue implantada una estructura que tiene ese nombre pero actúa bajo órdenes políticas y criterios ajenos a lo consagrado en la Constitución. La justicia socialista se dejó de lado precisamente porque se instauró un sistema paralelo que fue haciendo desaparecer el anterior.
―Desde hace un tiempo el BC ha organizado foros en universidades y las regiones para hablar sobre justicia transicional. ¿Por qué es necesaria la aplicación de una justicia distinta a la convencional en caso de llegar a una transición política?
Precisamente, la justicia transicional se asume en paralelo a la justicia ordinaria en su fundación; sin embargo, resulta urgente atender de inmediato y dar respuesta a una sociedad que ha sido diezmada en sus derechos más fundamentales para que puedan determinarse los hechos que dieron lugar a tales violaciones y la determinación de los responsables y causantes de tales situaciones. La agresión contra los ciudadanos, inclusive de aquellos que han venido apoyando al régimen, configura graves violaciones de derechos humanos. El tiempo y el Derecho siempre han ido de la mano y por eso mientras se organiza la justicia ordinaria avanza la justicia transicional, que de funcionar como debe avanzará en recobrar la confianza en la justicia y sembrará la conciencia de que nunca más podrá el ciudadano ser desplazado en la participación política que le es inherente como persona no como masa.
―De acuerdo con lo observado hasta ahora en el panorama político y en la actitud de sus actores, ¿cuál es el aspecto que ve más complejo para poder aplicar la justicia transicional?
Lo más difícil de aceptar políticamente es que la necesidad de la justicia transicional se centra en dos aspectos: uno, conocer lo que significa esa justicia transicional y, por otra parte, el más determinante, es el temor o incertidumbre de verse sometido a esa justicia que va a conocer de los hechos de violaciones graves de derechos humanos y también de aquellas actuaciones que las produjeron a consecuencia de actos de corrupción.
―¿Qué mensaje le transmite el Bloque a los venezolanos que se niegan a aceptar que quienes han formado parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro sean parte de la transición e incluso sean beneficiados con amnistía?
Lo importante es no generalizar, el pluralismo obliga a tolerar tendencias políticas que compartamos o no en sus propuestas democráticas. Los que no puede integrarse en la conducción de la transición política son los hacedores del cambio de régimen político que disfrazados de demócratas implantaron el sistema comunista del cual luchamos por salir y acabaron con la democracia en Venezuela; tampoco pueden participar los que están incursos en corrupción, terrorismo y otros delitos como narcotráfico y legitimación de capitales.
―¿Es necesario redactar una nueva Constitución en Venezuela, por qué?
La Constitución no está vigente y disponemos de un Estatuto dictado por la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 333 constitucional que la obliga como autoridad a restablecer su vigencia, que es el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Es posible que sea necesario una enmienda o una reforma constitucional para ajustar el funcionamiento del Estado a los fines de que garantice el ejercicio de los derechos humanos consagrados en ella, y no se repita la distorción de democracia a dictadura pretendiendo que eso está permitido en el texto constitucional, así como la habilitación de reprimir a la población cuando quiera protestar, más que atender las demandas de derechos de la población. La Constitución es para fijar un código de conducta al que se someten los ciudadanos e igualmente el ejercicio del poder.
―Un poco en retrospectiva, de su paso por la Corte Suprema de Justicia ¿qué momento recuerda de especial trascendencia?
Tres eventos los recuerdo por trascendentes y que me comprometieron absolutamente:
- Cuando asumí la conducción y ejecución junto a todos los magistrados y funcionarios de la Corte del Proyecto de Modernización de la Corte Suprema de Justicia financiado por el Banco Mundial.
- La convocatoria y realización de dos eventos denominados Cumbres del Poder Judicial del Continente, realizados en la Corte Suprema, a los que asistieron todos los presidentes de cortes y tribunales supremos, y en los que se trataron asuntos y problemas comunes del Poder Judicial, en la línea de acercarnos a resolver aquellos temas con criterios conjuntos.
- La elaboración de la Hoja de Vida del Juez venezolano, que permitió el acercamiento de ellos al alto tribunal, conocer cuál era el Poder Judicial que teníamos y originó el traslado de magistrados a los estados para analizar la información y evaluar los resultados de la investigación, determinando las fallas y errores.
De los tres eventos podría decir que el primero se ejecutó completamente, de allí que el Tribunal Supremo de Justicia se pudo sostener muchos años sobre esa modernización, un ejemplo fue la preparación para la gestión eficiente de todos los equipos de abogados y funcionarios administrativos; otro, la creación de la página web que permite informar a quien desee la capacidad y calidad sentenciadora. Las cumbres no tengo información si se siguieron realizando. La tercera no pudo ejecutarse por la intervención del Poder Judicial y de la Corte Suprema por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente antes de que se aprobara el proyecto de Constitución de 1999, invadiendo con ello la autonomía e independencia del Poder Judicial y motivando de inmediato mi renuncia como magistrado y, por ende, como presidente de la Corte en octubre de ese año, en vista de que una mayoría de ocho magistrados contra siete así lo permitieron y avalaron.
―¿Cómo ve la Venezuela de la transición?
Con muchas dificultades de interacción entre los sectores y la conducción política en el acoplamiento de intereses, pero si el norte es la recuperación de los valores republicanos y prevalece la mirada hacia el interés colectivos de todos los ciudadanos y el restablecimiento progresivo de sus derechos encontraremos el camino de la prosperidad y la concordia.
