Hace dos años, cuando la brutal represión en las calles dejaba muertos y cientos de heridos cada día, Génesis Dávila, abogado de la Universidad de Los Andes, decidió volver al país tras una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una participación en el programa Global Competitiveness Leadership de la Universidad de Georgetown para fundar la organización no gubernamental Defiende Venezuela. Las pocas denuncias de violaciones a los DDHH que llegaban de Venezuela al sistema interamericano la motivó a ofrecerle a las víctimas la posibilidad de representarlas en esa instancia.
¿Cuándo surgió Defiende Venezuela y por qué?
Defiende Venezuela nació en 2017 como un proyecto del programa de Liderazgo Global Competitivo de la Universidad de Georgetown con el objeto de denunciar formalmente casos de violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de descubrir que existía un vacío de denuncias que no se conectaba con la realidad. Para el año anterior se habían denunciado ante la CIDH más de 800 casos respecto a México, más de 500 contra Colombia y solo 26 sobre Venezuela.
Ese objetivo de incrementar el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos ante el sistema interamericano. ¿Lo ha logrado?
El número de denuncias se ha incrementado respeto a peticiones y medidas cautelares. En la actualidad representamos a más de 209 víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
¿En qué tipo de violaciones enfoca el trabajo la organización?
Defiende Venezuela se enfoca en casos de cualquier naturaleza siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos cuyas víctimas sean venezolanas o el responsable sea el Estado venezolano. Nuestros casos van desde pacientes con enfermedades crónicas que no pueden acceder a su tratamiento hasta víctimas de trata de personas o líderes de oposición cuya vida e integridad personal están en riesgo y sus derechos a la libertad de expresión y a la participación política se ven afectados.
¿Qué respuestas efectivas puede dar el sistema interamericano a las víctimas de violaciones en Venezuela ante un Estado que hace caso omiso a cualquier solicitud, exhorto o sentencia?
La apuesta es a largo plazo. En un país donde el sistema de justicia está a la merced del Poder Ejecutivo y la impunidad impera la mejor opción es apostar a los mecanismos internacionales de protección. Lo importante es documentar y denunciar formalmente para exigir la determinación de los hechos, el establecimiento de la responsabilidad, la reparación de la víctimas y que se evite la repetición de los sucesos.
¿Hasta qué punto el informe de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU contribuye a impulsar el trabajo de denuncia en instancias internacionales?
Sin duda, ha sido una de las mayores contribuciones que hemos tenido en el año.
La fiscal de la Corte Penal Internacional señaló hace pocos días que los casos de Venezuela que se encuentran en evaluación para el examen preliminar están en la fase 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué viene después?
Significa que la Fiscalía está evaluando la situación de Venezuela y que si hay fundamentos suficientes se abrirá una investigación. Al abrirse una investigación se dictan órdenes de captura en contra de los presuntos responsables. El proceso de celebra en La Haya y es el único que permite que internacionalmente se declare la responsabilidad penal individual por la comisión de los crímenes más graves. En el caso puntual de Venezuela se está evaluación la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Recientemente la ONU nombró una Misión de Determinación de los Hechos para establecer responsabilidades individuales en graves violaciones a DDHH en Venezuela. ¿Qué alcances reales puede tener esta instancia cuando sigue en el poder el mismo gobierno que ha cometido las violaciones?
Esta comisión puede colaborar directamente con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se tropiezan las víctimas de violaciones y la sociedad civil organizada para hallar justicia en la jurisdicción internacional?
Principalmente, la falta de capacidad para denunciar tantas violaciones, el temor de las víctimas a denunciar y la falta de confianza en los procesos de justicia.
En líneas generales, ¿qué balance tiene de 2019 para el trabajo de la sociedad civil venezolana ante instancias internacionales?
En 2019 hubo mucho movimiento internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. La visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y los informes a partir de la visita fueron de gran valor para el reconocimiento internacional de la situación del país. El examen preliminar andante de la Corte Penal Internacional respecto a Venezuela se vislumbra como el camino de la justicia. El tiempo que ha tomado es relativo: rápido, cuando se compara con otros exámenes preliminares; lento: cuando se tiene tan claro el patrón de ataque sistemático contra la población civil, la complementariedad y hechos y responsables. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas fue un logro importante y será un factor que permitirá aclarará el panorama de justicia en Venezuela. La participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos es una muestra de cómo el régimen juega con estrategia y se preocupa por “mantener” su imagen internacional. Esto servirá para mantener el tema de Venezuela en la mesa. Los otros países serán aliados clave para exponer la realidad de lo que sucede en Venezuela y no permitir que los discursos retóricos de quien sea el agente del Estado sean la única historia que se cuente sobre Venezuela.
¿Qué expectativas tiene como defensora de derechos humanos?
Apostar por las instancias internacionales para la consecución de justicia en Venezuela. Los procesos ya han iniciado, hay que seguirlos alimentando y llevarlos hasta su fin. El proceso se va a seguir complicando y lo único que podemos hacer es mantenernos fuertes y en pie para seguir luchando. Si no se documenta ni se denuncia ni siquiera quedará
